En la sesión de este jueves de la Cámara de Representantes, la diputada Paula Franco se refirió al expediente 70.131/2026, incorporado al BAE, y respaldó el proyecto de declaración presentado por el diputado Carlos Rovira. La iniciativa expresa la preocupación frente a cualquier intento del Gobierno Nacional de desregular, flexibilizar o desfinanciar el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Franco advirtió que “cuando se toca el nomenclador, no se toca una planilla de Excel, se toca la terapia de un chico, el transporte adaptado de una familia, el trabajo de un profesional, la comida de una institución, la continuidad de un tratamiento y la dignidad de una persona”. En ese sentido, calificó cualquier recorte como un retroceso institucional y humano, ya que afecta directamente a centros categorizados que brindan rehabilitación, inclusión social y contención a miles de familias.
La legisladora recordó que la Ley 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, obligan al Estado argentino a garantizar dignidad, autonomía e igualdad de oportunidades. “Esto no es caridad ni favor, es una obligación legal”, subrayó.
Franco contrastó las políticas nacionales con las provinciales: “Mientras la Nación ajusta, Misiones tuvo que salir a sostener lo que otros abandonan. Con el decreto 657 de este año, el Gobierno provincial creó un régimen extraordinario para cubrir costos de energía eléctrica y agua potable a centros que atienden personas con discapacidad”.
La diputada también alertó sobre la incertidumbre que genera la posibilidad de romper la unidad arancelaria nacional, lo que afectaría especialmente a provincias alejadas como Misiones. “Si cierra un centro acá, la persona y su familia no encuentran otro a cinco cuadras”, ejemplificó.
Finalmente, Franco fue categórica:
“No se puede hablar de eficiencia cuando el ajuste cae sobre personas con discapacidad. Este proyecto no es simbólico, es una advertencia política e institucional. Misiones no va a naturalizar el desfinanciamiento ni aceptar reformas regresivas. La discapacidad es justicia social y responsabilidad constitucional. Cuando Nación abandona, Misiones cuida; cuando Nación recorta, Misiones sostiene”.
El proyecto fue puesto a consideración y resultó aprobado por el pleno legislativo.
