La Justicia federal investiga un presunto esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que auditorías oficiales detectaran compras de insumos médicos y ortopédicos con valores exorbitantes, financiadas con fondos públicos destinados a personas con discapacidad. La causa pone bajo la lupa contrataciones realizadas durante la gestión anterior y apunta tanto a exfuncionarios como a empresarios proveedores del Estado por posibles maniobras de direccionamiento, cartelización y sobreprecios millonarios.
La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, busca determinar si existió un mecanismo coordinado para beneficiar a determinadas empresas mediante contrataciones infladas.
Según trascendió, algunos productos esenciales —como sillas de ruedas, prótesis y andadores— habrían sido adquiridos con precios hasta un 4239% superiores a los valores de mercado.
La causa ya comenzó a avanzar sobre empresarios vinculados a firmas proveedoras como Farma Salud y Ortopedia Sagués, además de exautoridades del organismo, entre ellos el exdirector de ANDIS, Osmar Caballi.
El expediente también investiga posibles pagos inflados, presuntas coimas y maniobras irregulares dentro del área encargada de administrar prestaciones y asistencia para personas con discapacidad.
El escándalo generó fuerte repercusión política debido a que los fondos bajo investigación estaban destinados a sectores vulnerables y ayudas técnicas esenciales.
Mientras la Justicia profundiza las medidas y toma declaraciones, crecen las sospechas sobre un posible entramado de corrupción dentro del organismo nacional.
