El empresario Diego Barrios realizó un fuerte descargo en redes sociales contra lo que definió como la odisea de producir en Argentina bajo una “presunción de culpabilidad permanente”. Su planteo apunta directamente al funcionamiento de la burocracia impositiva y al modo en que ARCA, ex AFIP, reclama explicaciones a empresas registradas.
Barrios sostuvo que, cuando una PyME atraviesa un período en el que sus ventas no cubren sus costos, el organismo recaudador tiende a interpretar automáticamente que existe evasión, sin contemplar que una empresa puede financiarse legítimamente con aportes de capital de sus socios para sostener la actividad.
Según relató, esta semana recibió una intimación por supuestas inconsistencias, con un reclamo de ajuste de ventas por más de 37 millones de pesos y un débito fiscal cercano a los 8 millones. Lo que más cuestionó fue el modo: afirmó que el requerimiento llegó por WhatsApp, con una informalidad que, a su entender, funciona como mecanismo de presión.
El empresario también denunció que el expediente ya había sido respondido en agosto de 2024 con documentación respaldatoria: actas de directorio, transferencias bancarias y justificativos de sistemas bancarios. Por eso habló del “efecto siesta”, en referencia a un organismo que —según su mirada— habría dejado dormir la información durante casi dos años para luego volver a intimar sin revisar lo ya presentado.
En su descargo, Barrios cuestionó además lo que llamó el “apriete de fin de mes”: la práctica de desempolvar carpetas viejas, emitir intimaciones masivas y presionar a contribuyentes formales para cerrar expedientes pendientes.
La frase más fuerte de su publicación fue una metáfora directa contra la doble vara del sistema: “Es más fácil cazar en el zoológico que salir a la selva”. Con esa expresión, el empresario planteó que el Estado concentra su esfuerzo sobre PyMEs registradas, con CUIT y domicilio conocido, mientras la informalidad, el contrabando y el comercio ilegal siguen creciendo a la vista de todos.
Frente al embate de la ex AFIP, Barrios propuso responder “con altura”: pedir que el organismo lea la respuesta ya presentada, que explique detalladamente qué parte de los comprobantes bancarios y actas sociales no logró comprender, y que fundamente con precisión dónde estaría la supuesta inconsistencia.
El planteo abre una discusión que excede un caso individual. Para Barrios, producir en el país se vuelve cada vez más difícil cuando los empresarios deben destinar tiempo, contadores y abogados a defenderse de la ineficiencia estatal, en lugar de concentrar esa energía en hacer crecer sus negocios.
Su reclamo final resume el eje del descargo: menos burocracia recaudatoria a ciegas y más revisión real donde verdaderamente hace falta.
