Misiones tiene leyes para proteger al yaguareté, al tapir, al oso hormiguero, a la yacutinga, a la fauna silvestre y a sus áreas naturales. Tiene una arquitectura legal pensada para cuidar parte de su enorme biodiversidad. Sin embargo, cuando la mirada baja del monte a la vereda, del área protegida al patio de una casa, del animal silvestre al perro abandonado, al gato maltratado o al caballo usado hasta el agotamiento, aparece una deuda que todavía incomoda: la provincia no cuenta con una herramienta integral, moderna y específica para proteger a los animales domésticos frente al abandono, el maltrato y la crueldad cotidiana.
Ese fue el fondo de la conversación que Jorge Kurrle mantuvo en Cadena de Noticias con la abogada Micaela Pereira, integrante de OHANA, en una entrevista que partió del caso de los 23 perros desaparecidos en Guaraní, pero terminó abriendo una discusión mucho más amplia: qué lugar ocupan los animales en la agenda pública, judicial y legislativa de Misiones.
La pregunta del periodista fue directa: cuánto de legislación tiene la provincia para proteger a los animales en comparación con otras jurisdicciones o países vecinos. La respuesta de Pereira dejó expuesta una paradoja.
Misiones es una provincia que convive todos los días con una biodiversidad excepcional. Tiene selva, ríos, fauna silvestre, especies protegidas y una frontera que vuelve más complejos los controles. Pero, al mismo tiempo, sigue dependiendo en gran medida de una legislación nacional antigua para abordar el maltrato animal.
“Todavía sigue estando una visión de los animales como cosas”, señaló Pereira.
La frase no es menor. Condensa el corazón del problema. Mientras la sensibilidad social avanzó y cada vez más personas reclaman sanciones frente al abandono, la crueldad o la violencia contra animales, el andamiaje jurídico todavía no termina de acompañar ese cambio cultural.
La Ley Nacional 14.346 sigue siendo la principal herramienta penal frente al maltrato y los actos de crueldad. Pero se trata de una norma de mediados del siglo pasado, con penas bajas y una lógica limitada para la complejidad actual. Sirve, pero no alcanza. Castiga determinadas conductas, pero no construye por sí sola una política pública integral.
Ahí aparece el vacío provincial.
Misiones protege jurídicamente especies emblemáticas y ecosistemas, pero todavía no tiene una ley integral que ordene de manera clara el cuidado responsable de animales de compañía, las obligaciones de los tenedores, los mecanismos de intervención rápida, los registros de maltratadores, las sanciones administrativas, los decomisos, la asistencia veterinaria, las campañas de castración, los refugios, las adopciones responsables y la articulación entre municipios, policía, fiscalías y organizaciones proteccionistas.
La diferencia no es técnica. Es profundamente política.
Una provincia puede declarar monumento natural a una especie, prohibir su caza, regular la fauna silvestre y cuidar áreas protegidas. Pero si al mismo tiempo un perro puede desaparecer de una vivienda sin que el sistema actúe con la velocidad necesaria, si un caballo puede caer exhausto en la vía pública, si un gato puede ser maltratado sin consecuencias claras, o si una denuncia queda atrapada entre trámites, competencias difusas y falta de respuestas, entonces la protección sigue siendo incompleta.
Pereira lo explicó desde su experiencia concreta. Cada causa de maltrato animal obliga a empujar expedientes, pedir medidas, aportar fotografías, solicitar informes veterinarios y reclamar que el sistema judicial lea estos hechos con la gravedad que tienen. No como un asunto menor. No como una molestia vecinal. No como una excentricidad de proteccionistas. Sino como una forma de violencia que también habla de la sociedad que la tolera.
Durante la entrevista, Kurrle le preguntó por qué cree que en Misiones no se promueve una legislación más actualizada. Pereira respondió que probablemente muchos legisladores todavía no tomaron dimensión de que este tema preocupa a la sociedad.
Y ahí aparece otra clave: el maltrato animal ya no es una agenda marginal. Cada video, cada denuncia, cada rescate y cada caso que se viraliza muestra que hay una sensibilidad nueva. La gente reacciona, reclama, comparte, pregunta, exige. Lo que falta es que esa sensibilidad se transforme en norma.
El caso de Guaraní funciona como ejemplo. La desaparición de 23 perros, luego de la muerte de la mujer que los tenía bajo su cuidado, generó conmoción y reclamos. Según Pereira, las organizaciones querellantes cuestionaron la versión que indicaba que algunos animales habían sido encontrados y sostuvieron que esos perros no eran los buscados.
“Esa información es absolutamente falsa”, afirmó.
La abogada explicó que ya presentaron documentación, fotografías y pedidos de informes veterinarios para demostrar que los animales exhibidos no coincidirían con los perros desaparecidos. También advirtió sobre la gravedad de intentar cerrar una historia con versiones mediáticas antes de que la Justicia determine con certeza qué ocurrió.
“Falsear una noticia de este estilo, cuando la gente está preocupada y quiere saber dónde están los 23 perros, es de una gravedad institucional importante”, sostuvo.
Pero el punto de fondo va más allá de ese expediente. La pregunta es qué herramientas reales tiene Misiones para evitar que situaciones así se repitan. Qué protocolos se activan cuando muere una persona que tenía animales a su cargo. Quién controla el destino de esos animales. Quién certifica una adopción. Quién verifica el estado sanitario. Qué responsabilidad tiene un municipio. Qué margen de actuación tienen las organizaciones. Qué autoridad interviene. Qué sanciones existen si alguien falsea información o abandona animales.
Sin una ley integral, muchas de esas respuestas quedan dispersas, débiles o sujetas a la voluntad de quienes intervienen en cada caso.
Por eso la discusión no debería agotarse en una causa judicial. Misiones necesita una legislación que mire el problema completo: prevención, educación, intervención, sanción y reparación. Una norma que reconozca que los animales no son cosas, que el maltrato no es un daño menor y que la crueldad cotidiana también debe tener consecuencias.
Pereira también planteó un punto sensible: la violencia contra animales puede ser una señal de alarma social. Desde la psicología y la criminalística, señaló, existen advertencias sobre la relación entre la crueldad hacia animales en edades tempranas y posibles conductas violentas posteriores.
“Si no pueden demostrar empatía por otro ser viviente ya en la niñez, ¿cómo van a demostrar empatía en su vida en comunidad?”, preguntó.
Esa mirada amplía la discusión. Proteger animales no es solo proteger perros, gatos, caballos o fauna silvestre. También es construir convivencia, empatía, prevención de violencias y responsabilidad comunitaria.
Sin embargo, quienes trabajan en estas causas muchas veces enfrentan otro tipo de violencia: amenazas, ataques en redes y descalificaciones. Pereira contó que integrantes de OHANA fueron amedrentados y que incluso recibieron agresiones dirigidas a sus familias.
Aun así, sostiene su decisión.
“Hay una cierta satisfacción de poder ayudar a quienes no tienen voz”, dijo.
La frase explica por qué estas causas se sostienen, muchas veces, desde el voluntarismo de organizaciones y profesionales que ocupan un lugar que el Estado todavía no termina de ordenar. Pero una política pública no puede depender solamente de la buena voluntad. Necesita leyes, presupuesto, protocolos, organismos responsables y sanciones claras.
Misiones ya demostró que puede legislar para proteger la naturaleza. Lo hizo con áreas naturales, fauna silvestre y especies emblemáticas. Ahora el desafío es avanzar hacia una protección más cercana, más cotidiana y más completa.
Porque la biodiversidad no termina en el monte. También se expresa en la vida diaria, en el vínculo entre las personas y los animales que conviven con ellas, en la responsabilidad frente al abandono, en la respuesta ante la crueldad y en la capacidad de una provincia para no mirar hacia otro lado.
“Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?”, planteó Pereira.
Esa pregunta debería resonar en la Legislatura, en los municipios, en la Justicia y en la sociedad. Porque Misiones protege su biodiversidad con varias leyes, pero todavía no tiene una herramienta integral y moderna para proteger a los animales domésticos frente al abandono, el maltrato y la crueldad cotidiana.
Y mientras esa deuda siga pendiente, cada caso volverá a mostrar lo mismo: no solo el dolor de los animales, sino también la fragilidad de un sistema que todavía llega tarde.
