El gobierno de Javier Milei oficializó una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que reabre el debate sobre los controles, la transparencia y los criterios utilizados para cubrir las vacantes en el máximo tribunal del país.
La medida fue establecida a través del Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica aspectos del procedimiento que regía desde 2003 para la designación de magistrados de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo eliminó la instancia previa de participación ciudadana que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que los pliegos fueran enviados al Senado. A partir de ahora, las observaciones e impugnaciones sobre los candidatos podrán realizarse únicamente durante el tratamiento legislativo.
El Gobierno argumentó que la modificación busca simplificar trámites administrativos, reducir tiempos y modernizar el proceso de designación, manteniendo intacto el mecanismo constitucional que exige la aprobación de los candidatos por parte del Senado con una mayoría especial de dos tercios.
Otro de los puntos destacados es que los antecedentes de los postulantes dejarán de publicarse en diarios de circulación nacional y pasarán a difundirse exclusivamente a través del sitio web oficial del Ministerio de Justicia y del Boletín Oficial. Además, se establecieron plazos más breves para la presentación de declaraciones juradas y para los informes requeridos a organismos estatales.
La reforma también elimina del texto vigente una recomendación que instaba a considerar criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica al momento de seleccionar candidatos para integrar la Corte Suprema. Este aspecto se convirtió en uno de los puntos más discutidos tras la publicación del decreto.
Desde el Ejecutivo sostienen que las modificaciones apuntan a hacer más eficiente el procedimiento sin alterar las facultades del Congreso. Sin embargo, especialistas y sectores de la oposición advierten que la eliminación de instancias previas de control ciudadano podría reducir los mecanismos de evaluación pública de los futuros integrantes del máximo tribunal.
Con vacantes pendientes de cobertura y una Corte Suprema que continúa siendo eje de la agenda política nacional, los cambios impulsados por el Gobierno vuelven a poner en el centro de la escena el debate sobre cómo deben elegirse quienes tendrán la responsabilidad de interpretar la Constitución y resolver los casos más trascendentes del país.
