La jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nro 1 de Leandro N. Alem, Pamela Analía Barrios Caram, ordenó en un primer momento el desalojo del inmueble ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield ocupado un grupo de personas y se le restituya la propiedad a Ana Benítez (39) y su grupo familiar, una hija de 14 años, otra de 21, embarazada y un hombre de 80 años. Pero luego, por falta de «operatividad» de la Policía decidió suspender la medida judicial. (Ver Nota Relacionada)
El abogado de la mujer, Gustavo Maldonado, dijo a C6Digital que el Jefe de la Unidad Regional no llevó a cabo el acompañamiento de la fuerza de seguridad a la orden de la Justicia que llevó al lugar el Oficial de Justicia.
«La Juez termina suspendiendo el desalojo. Sobre su misma medida judicial le dice al Oficial de Justicia que lo suspenda, que proceda a identificar a las personas que estaban adentro», comentó.
Para Maldonado, «teniendo las herramientas judiciales, el mandamiento de desalojo, por falta de operatividad de la Policía y/o voluntad de hacer cumplir con la manda judicial se procedió a dejar sin efecto la misma, simplemente individualizando a más de 15 personas que están dentro del inmueble».
El letrado observó que ninguno acredita ningún título, «ninguna legitimidad como para estar adentro del inmueble y menos aún como para haber excedido en las facultades de usurpar un lugar y quitar por la fuerza a la poseedora que tenía el inmueble».
Según remarcó el abogado de Benítez «resulta verdaderamente grave que no se cumpla con las órdenes judiciales a vistas policiales con respecto a la manda judicial, que se tiene que cumplir so pena de caer en una desobediencia judicial».
En tal sentido, Maldonado lamentó el estado de situación en que se encuentra este caso y afirmó que «es una locura que aquí, en Alem, se actuó como en el Lejano Oeste, entrando por la fuerza a un inmueble y lanzando por la ventana a quienes lo habitaban».
«Es tan grave la situación institucional que transita Alem que este miércoles ni siquiera las fuerzas policiales han podido llevar adelante la manda judicial por falta de operatividad o por falta de tener la voluntad directa de cumplimiento de una orden judicial», sentenció.
