La crisis yerbatera volvió a encender una alarma profunda en Misiones. El Gobierno provincial advirtió que un pequeño productor puede perder cerca de 15 millones de pesos por cosecha como consecuencia directa de la caída del precio de la hoja verde, tras la desregulación del mercado y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
El dato golpea de lleno en la economía familiar de miles de chacras. Según el planteo del ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, si la hoja verde mantuviera hoy el mismo valor en dólares que tenía en diciembre de 2023, el productor debería estar cobrando alrededor de 742 pesos por kilo. Sin embargo, en la actualidad percibe cerca de 250 pesos, una diferencia de 492 pesos por kilo.
Esa brecha, llevada al bolsillo de un pequeño productor que entrega unos 30.000 kilos por cosecha, representa una pérdida estimada de 14,7 millones de pesos. No se trata solo de una estadística: es dinero que deja de ingresar a las familias rurales, a los comercios de los pueblos, a los servicios locales y a toda la economía que se mueve alrededor de la producción yerbatera.
El impacto se vuelve todavía más grave cuando se proyecta a escala provincial. Si la situación alcanza a unos 10.000 productores, la pérdida global supera los 147 mil millones de pesos anuales que dejan de circular en las chacras misioneras y en las economías regionales.
Desde Misiones cuestionan que la eliminación de los mecanismos regulatorios del INYM haya dejado a los pequeños productores expuestos a un mercado dominado por la oferta y la demanda, donde los sectores más concentrados de la cadena cuentan con mayor capacidad de negociación.
Durante más de dos décadas, el Instituto tuvo la facultad de establecer precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta que funcionaba como defensa para el eslabón más débil de la actividad.
Con la entrada en vigencia del DNU 70 y la pérdida de atribuciones del organismo yerbatero, el tablero cambió. Para los productores, el resultado fue una caída marcada en el precio que reciben por su materia prima, mientras los costos de producción siguen presionando sobre la rentabilidad.
En ese escenario, el oficialismo misionero insiste con la necesidad de recuperar las facultades regulatorias del INYM y avanzar con herramientas legislativas que protejan a los pequeños productores. La discusión ya no es únicamente económica: también es política, social y territorial.
Porque detrás de cada kilo de hoja verde hay una familia, una chacra y una economía local que depende de una o dos cosechas al año para sostenerse. Y en Misiones, cuando el precio de la yerba cae, no pierde solo el productor: pierde toda la provincia.
