El presidente de la Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Magno Scherer, dijo en declaraciones al programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital que la recientemente fallecida ministra del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Mabel Picazo, fue la primera funcionara del Poder Judicial que se hizo eco de la situación en la que se encontraban las personas declaradas inimputables cuando estaban alojadas en el viejo Hospital Carrillo.
Se cumplen tres años de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Salud para Inimputables
«Hubo un inconveniente que había motivado el traslado de los inimputables a Loreto», recordó.
Scherer explicó que una persona inimputable es quien tiene un padecimiento psiquiátrico, con facultades mentales alteradas, que no comprenden la criminalidad de sus actos. «Es decir, son peligrosa para sí y para terceros, generalmente no tienen un núcleo familiar de contención, deambulan por las calles».
En este sentido, sostuvo que el Poder Judicial, a través de una facultad que le da el artículo 134 del Código Penal, hace un procedimiento de declaración de inimputabilidad y lo aloja con una medida de seguridad en un centro específico.
El titular de la CIPP observó que en la provincia el problema que había era que el lugar donde estaban alojadas estas personas con padecimientos mentales era bajo un régimen penitenciario. «Estaban bajo un criterio de seguridad y no tenían las prestaciones médicas pertinentes. Por ahí no son patologías que se curen definitivamente, pero con un adecuado tratamiento clínico y médico, la persona recupere una cierta normalidad», remarcó.
Scherer destacó que actualmente hay 80 personas inimputables alojados en el nuevo espacio. «Y hay muchos egresados, lo que antes no ocurría. Porque no tenían un abordaje clínico. Eran personas que estaban bajo un régimen de seguridad. Lo que faltaba era la atención médica», afirmó.
Además, hizo referencia que viendo las normas internacionales en Derechos Humanos, hay normativas que establecen las reglas mínimas (reglas de Mandela) sobre tratamiento de reclusos que determinan que las personas que tienen este tipo de característica – padecimiento psiquiátrico- deben ser pasibles de una transferencia de un régimen penitenciario penal a uno de salud.
«Cuando estudiamos esta cuestión, con la entonces presidenta de la CPPT y actual diputada provincial Rita Nuñez, luego se llevaron las consideraciones en un informe público al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, quien con excelente criterio dio las instrucciones para la creación de una Unidad de Salud para Inimputables, que es única en el país», resaltó Scherer.
En esta línea, detalló que combina en una sola unidad dos características que la hacen que sea única: un criterio de salud y otro de seguridad, en una sola estructura.
Señaló luego que dentro de la Unidad de Salud para Inimputables tiene competencia el Ministerio de Salud Público y todo su equipo interdisciplinario. Mientras que la periferia y la seguridad personal dentro de la Unidad la hace el Servicio Penitenciario Provincial. «El lugar, además de ser sumamente moderno, es una clínica, un hospital pero con determinadas características, como pasillo antimotines, rejas y otras cuestiones de seguridad», enfatizó.
Scherer consignó que quienes están en la Unidad, declaradas inimputables, «es porque han roto o incumplido una regla de convivencia social, han cometido algún ilícito o presumiblemente cometido un ilícito contra la propiedad, contra las personas pero que no logran comprender las reglas de convivencia social porque tienen una alteración mental».
