Se trata de María Carla Dalmaroni, quien desempeña funciones en el Juzgado de Paz de la ciudad de Apóstoles. El juez de Instrucción Nro 4, Miguel Ángel Faria, había elevado un informe al Superior Tribunal de Justicia dando cuenta del hallazgo de comunicaciones entre ambos vía telefónica durante los días en que el ex diputado de Activar permanecía en condición de prófugo de la Justicia tras ser desaforado de la Legislatura.
Las llamadas fueron detectadas luego del peritaje realizado al teléfono celular del encargado del camping de la localidad correntina de Loreto donde el ex legislador de Activar – acusado de tenencia y distribución de material con abuso sexual infantil, MASI- se recluyó para realizar lo que dijo a la Justicia y a los vecinos del predio correntino -una de los cuales, Julia, lo denunció ante las autoridades locales-, un «retiro espiritual» pero que sin embargo utilizó el aparato móvil para hacer los llamados a la funcionaria judicial.
Kickza había manifestado a la Justicia que nunca estuvo enterado que sobre él había un pedido de detención en curso luego de que la Legislatura le quitara los fueros. Sin embargo, esta afirmación echaría por tierra tal explicación como argumento de defensa.
En la prosecución de las investigaciones para determinar los contactos de Germán Kiczka y su hermano Sebastián -ambos detenidos en el penal de Cerro Azul-, el juez de Instrucción Penal Nro 4, quiere saber en profundidad el papel que jugó la funcionaria del Juzgado de Paz apostoleño -sería pareja del abogado Gonzalo de Paula, abogado de los involucrados- en lo que parece ser un presunto encubrimiento al menos de uno de los hermanos, toda vez que estaba obligada a informar -como funcionaria judicial- sobre el paradero de quien estaba siendo intensamente buscado, tanto dentro como fuera del país.