El ministro de Hacienda de la provincia explicó que la reforma estructural busca reducir el gasto político sin alterar los servicios esenciales a la población. Además, detalló el impacto de la recesión federal en las arcas misioneras y analizó el proyecto de emisión de bonos para reactivar la obra pública.

En el marco del diseño del Presupuesto Provincial 2027 —que por mandato constitucional debe elevarse a la Legislatura antes del 31 de julio—, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, brindó precisiones sobre el inminente reordenamiento del Gabinete provincial. El funcionario fundamentó la necesidad de avanzar hacia una estructura gubernamental más austera para optimizar los recursos públicos en medio de un escenario económico nacional profundamente recesivo.
Safrán aclaró de manera tajante que la unificación y reducción de ministerios no busca enfriar la economía local, sino modernizar la gestión.
«La idea es reordenar el funcionamiento del gabinete y ser un poco más austeros. Al reducir ministerios se reducen algunos gastos, algo lógico en un contexto de situación de crisis como vive el país, pero sin alterar el funcionamiento del Gobierno provincial ni las respuestas que hay que dar a la sociedad», afirmó.
El impacto de la crisis: Misiones pierde $40.000 millones por mes
Al ser consultado sobre el costo financiero que representa para la provincia el actual esquema económico nacional, el titular de la cartera económica reveló una cifra alarmante sobre la pérdida de poder adquisitivo del Estado provincial.
«En los últimos 10 meses, evaluados hasta el mes de abril, venimos con un promedio de pérdida mensual de 40.000 millones de pesos», detalló el ministro.
Safrán explicó la fórmula técnica detrás de este cálculo, señalando que los costos operativos y las demandas sociales crecen al ritmo de la inflación en Argentina. Al contrastar ese índice con la evolución real de los ingresos, se evidencia una fuerte brecha:
«Cuando uno compara el crecimiento de los precios con la recaudación, combinando la caída de la coparticipación federal y la recaudación provincial, nos da ese promedio mensual. Esto impacta y obliga a ir ajustándose, tal como le pasa hoy a cualquier familia o empresa para tratar de llegar a fin de mes».
Títulos públicos: Una herramienta exclusiva para la obra pública
Ante este complejo panorama de devaluación de ingresos y el freno total de los fondos nacionales para infraestructura, el ministro analizó el proyecto de ley que se debate en la Cámara de Representantes para autorizar al Poder Ejecutivo a regresar al mercado de valores mediante la emisión de bonos.
Safrán fue muy preciso respecto al alcance que tendría esta medida en caso de ser aprobada por los legisladores:
Prohibición de gasto corriente: El funcionario recordó que la Constitución provincial prohíbe taxativamente utilizar endeudamiento para el pago de salarios o gastos de funcionamiento diario.
Destino único: Los fondos de las series que eventualmente se emitan estarán indexados de forma exclusiva a concluir obras en ejecución o iniciar proyectos de infraestructura que sean calificados como urgentes y necesarios para la comunidad.
Facultad, no obligación:
«Hay que esperar a ver cómo se sanciona la normativa. La ley le otorga una facultad al Ejecutivo; luego se evaluarán minuciosamente las condiciones del mercado financiero, el momento oportuno y la conveniencia de activar o no la toma de crédito», concluyó.




