Los gobernadores de Itapúa, Ñeembucú, Misiones y Caazapá, en la zona de influencia de la hidroeléctrica, se cuentan entre los más afectados por la movida del Ejecutivo central.
La advertencia vino casi como un apriete y de forma indirecta al presidente Santiago Peña, que esta semana está abocado a su gira por Nueva York. El martes, apenas un día después de que el vicepresidente -y presidente en ejercicio- Pedro Alliana anunciara el retiro de la energía paraguaya de Yacyretá que le vende a la Argentina, el Consejo de Gobernadores le planteó a la comisión bicameral que trata el presupuesto que las transferencias para el alimento escolar son insuficientes.
Los gobiernos departamentales saben que los fondos que gira la administración central dependen en buena parte de la producción hidroeléctrica, y no compraron la movida para presionar a la Argentina por una cuestión más política que económica -como la presentó el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, junto a Alliana-, algo que el Ejecutivo de Peña reconoció implícitamente tras la reunión del miércoles entre el presidente y Alberto Fernández en EEUU.
Por poner un ejemplo, la presidenta del Consejo y gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, les dijo a los diputados y senadores que no parecía un buen momento para jugar para la represalia cuando la mayoría de los departamentos apenas puede cubrir la alimentación escolar. De hecho, la dirigente colorada hizo hincapié en que ese gasto se come el 40% de las transferencias que se esperan para el 2024. La postura de los gobernadores, en su gran mayoría colorados, fue unánime.
Es decir, los gobernadores presionaron a Peña para dar marcha atrás con las medidas hostiles hacia Argentina a través de Yacyretá y por eso este jueves Alliana tuvo que salir a defender un principio de acuerdo con Argentina luego del encuentro entre el presidente y Alberto, y que juntará a representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de los dos países en Ayolas, Misiones. Pero los reclamos vinieron de todas partes.
Los gobernadores de Itapúa, Ñeembucú, Misiones y Caazapá, en la zona de influencia de la hidroeléctrica, se cuentan entre los más afectados por la movida del Ejecutivo central. Los jefes departamentales necesitan de los royalties de Yacyretá para proyectos de infraestructura y becas y otros gastos corrientes esenciales como el pago de sueldos. Ningún fondo es despreciable. Y se lo transmitieron a Luis Benítez, director de Yacyretá, alineado con Peña, aunque conocedor de la situación en los departamentos involucrados.
Benítez, ñeembucuense y hombre de confianza de Alliana, viajó el martes hasta Itapúa, bajo el control del liberal Javier Pereira, para prometerle al gobernador que los fondos para salud y educación que provienen de la hidroeléctrica están garantizados. Sin embargo, a los pocos días hizo un diagnóstico bastante sombrío: la energía sobrante de Yacyretá tendrá que ser absorbida por la ANDE para subsistir hasta fin de año.
Incluso se adelantó a la charla entre Peña y Alberto en Nueva York al admitir que la deuda de 100 millones de dólares que Paraguay le reclama a la Argentina por Yacyretá tendría que negociarse con el gobierno que asuma el 10 de diciembre, lo que implicaría postergar la crisis bilateral y llevar la estrategia de represalia hasta fin de año o bien hasta que los números de la hidroeléctrica dejen de cerrar para Paraguay.
Pese al giro de último minuto, el tono de Alliana siguió desafiante y el manejo del conflicto se demostró desprolijo y lesivo para los intereses paraguayos. Sin recursos para los departamentos, que después tienen que bajar a los municipios, no hay posibilidad de un funcionamiento mínimo de las administraciones ni obras para presumir en campaña, que es todo lo que necesita el Partido Colorado para mantener sus feudos. El problema es que aún no queda claro si habrá acuerdo con Argentina o si la crisis se extenderá hasta que haya un resultado definitivo en las presidenciales argentinas.
«Itaipú y Yacyretá son clave para los departamentos», dijo a LPO un integrante del Consejo de Gobernadores. Los recursos de la EBY, que varían según el año fiscal, construyen casas en departamentos que no están en su zona de influencia y otorgan becas y compensaciones en varias formas a aquellos que sí lo están a forma de retribución, perjudicados por la construcción de la represa.
En parte, la decisión de Peña interfiere con la descentralización de los recursos que tanto exigen los departamentos y municipios y la crisis puertas afuera puede terminar convirtiéndose en una crisis doméstica si no arregla las cuentas pendientes con Argentina. (La Politica On Line)