En una entrevista exclusiva realizada por Jorge Kurrle para las plataformas de C6Digital, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, salió a fijar posición en medio de los reclamos por pagos, prestaciones y cobertura, y defendió el esquema que el organismo viene aplicando para ordenar sus compromisos con prestadores, farmacias y médicos.
La charla arrancó sobre uno de los puntos más sensibles. “¿Están liberando fondos?”, preguntó Jorge Kurrle. Y la respuesta del funcionario fue directa: “No es que estamos liberando fondos sino que se está haciendo el pago habitual que tiene el instituto”. Leguizamo explicó que el PAMI completó al 31 de marzo los vencimientos previstos para ese mes y que durante abril continúa con el cronograma escalonado de pagos.
“No es que estamos liberando fondos sino que se está haciendo el pago habitual que tiene el instituto”
Ante el malestar que se generó en distintos sectores, el periodista fue al punto: “¿Cómo se ha generado esta situación conflictiva? ¿Cuál es el origen y si reconocen ustedes que hay una falencia?”. Allí, Leguizamo rechazó esa interpretación y sostuvo que “no hablamos de ninguna falencia”, aunque sí admitió “un pequeño atraso durante el mes de marzo de 15 días nada más en especialistas”. Según explicó, muchas veces se confunden los tiempos administrativos del instituto con deudas nuevas, cuando en realidad PAMI viene pagando históricamente con ese mismo mecanismo de vencimientos escalonados.
“Un pequeño atraso durante el mes de marzo de 15 días nada más en especialistas”
En otro tramo de la entrevista, Kurrle planteó una situación concreta que golpea de lleno al afiliado: la diferencia entre farmacias que atienden PAMI y otras que no, obligando al jubilado a peregrinar de un mostrador a otro. “¿Cómo se controla eso?”, preguntó. Leguizamo respondió que el organismo mantiene contratos vigentes con la industria farmacéutica y con las cámaras del sector, aunque aclaró que puede haber farmacias que no estén dentro del esquema por razones contractuales ajenas a una decisión directa del instituto. En ese punto dejó una definición que también marca límites: “El instituto en eso no interviene”.
El organismo mantiene contratos vigentes con la industria farmacéutica y con las cámaras del sector,
Pero donde sí remarcó una herramienta concreta para los afiliados fue en el terreno de los reclamos. Ante la consulta puntual de Kurrle sobre si el usuario puede denunciar irregularidades o falta de atención, el director ejecutivo afirmó que “el instituto tiene todos los canales de comunicación con los afiliados”, y mencionó PAMI Escucha, la web y la app, que definió como cada vez más accesible, para canalizar denuncias y reclamos cuando la cobertura no se presta como corresponde.
“El instituto tiene todos los canales de comunicación con los afiliados”
Otro de los ejes más delicados pasó por el valor de la cápita médica, cuestionada en varias provincias. Allí Leguizamo reconoció que hubo ruido, pero defendió el nuevo modelo. Explicó que PAMI avanza hacia una “cápita cerrada” y subrayó que el valor pasó de 950 pesos a 2100 pesos, lo que representa un aumento del 120%. La lógica, dijo, es pagar ese monto por cada afiliado asignado al profesional, más allá de cuántos atienda, para mejorar la trazabilidad, reforzar la auditoría y tener un mayor control sobre el uso del presupuesto.
PAMI avanza hacia una cápita cerrada. El valor pasó de 950 pesos a 2100 pesos, lo que representa un aumento del 120%
En esa línea, el funcionario nacional dejó una de las frases más políticas de toda la entrevista: “El presupuesto tiene que estar ordenado”, y agregó que las prestaciones deben estar “auditadas y controladas” en todo el país. Para Leguizamo, ahí está uno de los cambios centrales de la actual gestión: volver a una administración más rigurosa del instituto y establecer un punto de partida desde el cual seguir negociando con cámaras y prestadores.
Sobre el cierre, y ya con la tensión más baja, el titular del PAMI buscó transmitir un mensaje de normalización. Dijo que este cambio es apenas “el punto de partida” y que desde allí el organismo seguirá dialogando con médicos y prestadores para ajustar el sistema. La señal política que intentó dejar es clara: el Gobierno quiere ordenar pagos, contener el conflicto y recuperar control sobre una estructura que hoy vuelve a quedar bajo la lupa por su impacto directo sobre millones de afiliados.
