La tensión entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo tras las críticas a la política migratoria impulsada por la Casa Rosada. El planteo se produjo en medio de la polémica generada por los recientes cruces entre el oficialismo y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien días atrás había llamado a reducir la confrontación y fortalecer el diálogo social durante el Tedeum del 25 de Mayo. Ahora, referentes eclesiásticos volvieron a marcar diferencias al advertir sobre el impacto que las medidas migratorias podrían tener en miles de personas que residen o buscan establecerse en el país.
Durante el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, realizado en Luján, los participantes expresaron preocupación por las consecuencias de los cambios impulsados por el Gobierno en materia migratoria y por las dificultades que enfrentan quienes intentan regularizar su situación.
Entre los puntos señalados, mencionaron obstáculos vinculados al acceso a la documentación, la salud, la educación y el empleo formal, además de advertir sobre situaciones de incertidumbre que afectan a las comunidades migrantes.
Los representantes de la Pastoral sostuvieron que algunas de las modificaciones generan preocupación entre las personas migrantes y reclamaron que se garantice el respeto a los derechos de quienes llegan al país en busca de nuevas oportunidades.
Los cuestionamientos también incluyeron referencias a controles fronterizos y procedimientos migratorios que, según expresaron, provocan temor e incertidumbre en determinados sectores. Además, remarcaron la importancia de promover políticas orientadas a la integración y la protección de los migrantes.
La postura de la Iglesia se conoció pocos días después del mensaje pronunciado por Jorge García Cuerva durante el Tedeum del 25 de Mayo, un discurso que generó repercusiones políticas y respuestas desde sectores cercanos al oficialismo.
En paralelo, los referentes eclesiásticos vincularon la situación migratoria con el contexto económico y laboral actual, al señalar que numerosos trabajadores migrantes atraviesan condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a derechos básicos, en una discusión que vuelve a colocar a la Iglesia y al Gobierno en posiciones enfrentadas.
