El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad presentó un proyecto de ley que apunta a declarar la emergencia salarial docente en todo el país por cinco años y redireccionar los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —ATN— hacia un esquema automático de recomposición de ingresos para trabajadores de la educación obligatoria.
La iniciativa propone que la emergencia rija desde el 1° de marzo de 2026 y alcance a la educación obligatoria de gestión estatal y públicos de gestión privada, en los niveles inicial —en sus últimos dos años—, primario y secundario. El planteo se apoya en tres indicadores que el propio texto legislativo considera críticos: la pérdida del 19% del poder adquisitivo del salario docente promedio nacional entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la caída del gasto educativo consolidado Nación-provincias y la conflictividad laboral que afecta el inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones.
En el corazón del proyecto aparece una decisión política de fondo: quitar discrecionalidad al uso de los ATN y transformarlos en una herramienta federal de financiamiento educativo. Según la propuesta, los recursos transferidos a ese fondo entre el 2 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2030 deberán ser distribuidos en su totalidad, de manera mensual y automática, entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese dinero tendrá un destino específico: el pago de un suplemento salarial para docentes, directivos y no docentes que presten servicios efectivos en establecimientos educativos de gestión estatal. La norma excluye a quienes, aun teniendo cargo docente o administrativo, estén asignados a funciones fuera de la escuela o no cumplan tareas vinculadas directamente al servicio educativo.
El esquema salarial previsto combina dos criterios: universalidad y compensación. El 70% de los fondos se distribuirá como “Complemento federal” entre el personal comprendido, bajo condiciones como presencia efectiva en la institución y participación en acciones de formación continua. El 30% restante se pagará como “Compensación federal” a quienes trabajen en escuelas ubicadas en contextos de alta vulnerabilidad social y educativa.
De esta manera, Herrera Ahuad busca que el refuerzo no sea solo una mejora general de ingresos, sino también una herramienta para reconocer las mayores dificultades que enfrentan los educadores en zonas más vulnerables.
Para evitar distorsiones, el proyecto fija topes claros: el suplemento se calculará hasta un máximo de dos cargos por persona o su equivalente de 30 horas cátedra. Las provincias deberán informar mensualmente, con carácter de declaración jurada, la nómina completa del personal alcanzado, los cargos, horas, remuneraciones liquidadas y pagos realizados.
En el caso de Misiones, el texto fija inicialmente una participación transitoria del 3,09% en la distribución del fondo salarial, hasta que el sistema pueda calcular los montos en base a las declaraciones juradas nominalizadas de cada jurisdicción.
Pero el proyecto no se limita a los salarios. También dispone que los remanentes no distribuidos del ATN al 31 de diciembre de 2025 sean asignados por única vez a infraestructura escolar y educación técnico-profesional. El 75% se destinará a construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de edificios escolares, priorizando obras paralizadas o neutralizadas. El 25% restante irá a fondos jurisdiccionales para escuelas técnicas de nivel secundario, con destino a talleres, laboratorios, espacios productivos, aulas taller, equipamiento e insumos.
En ese reparto, Misiones tendría una participación del 3,68% para infraestructura educativa y del 2,45% para educación técnica.
La propuesta también impone obligaciones a las provincias que adhieran. No podrán reducir en términos reales el gasto educativo ni las partidas destinadas a remuneraciones docentes. Es decir, los fondos nacionales no deberán reemplazar el esfuerzo provincial, sino sumarse como una inversión adicional. El incumplimiento podrá derivar en la suspensión de las transferencias.
El proyecto prevé además un sistema de control con informes trimestrales al Congreso, reportes anuales sobre la evolución de los indicadores de emergencia, una evaluación de impacto a los 24 meses y una revisión a los 36 meses para definir si corresponde mantener el régimen, cesarlo anticipadamente o convertirlo en una política permanente.
En los fundamentos, la iniciativa sostiene que recomponer el salario docente “no es un gasto”, sino una inversión en el capital humano del país y en la garantía del derecho constitucional a una educación de calidad. El diagnóstico es contundente: con docentes empobrecidos, escuelas deterioradas y conflictividad crónica, el sistema educativo no puede cumplir plenamente su función social.
Así, Herrera Ahuad pone en debate una ley con fuerte contenido federal: utilizar recursos nacionales existentes, limitar la discrecionalidad de los ATN, fortalecer el salario docente, priorizar a las escuelas vulnerables y atender la infraestructura educativa. Una propuesta que busca instalar en el Congreso una discusión sensible: cómo sostener la educación pública en un contexto de caída salarial, ajuste presupuestario y creciente tensión en las aulas.
