La preocupación por las amenazas en instituciones educativas, que en las últimas semanas se multiplicaron en distintos puntos del país, tuvo un capítulo particularmente grave en Oberá. En la EPET N°3, un alumno de sexto año fue directamente señalado en pintadas dentro de los baños escolares con mensajes violentos, personalizados y crueles, que lo identificaban por apellido y lo describían como “deforme”, anticipando que sería “blanco de un tiroteo”.
El caso de Dante
El joven, de 18 años, nació con una malformación craneofacial y atravesó múltiples cirugías reconstructivas. Esa condición lo expuso desde pequeño a burlas y discriminación, aunque con acompañamiento familiar y terapéutico logró sobrellevar situaciones de bullying. Sin embargo, esta vez la amenaza fue directa y explícita.
Su madre, Lorena Vázquez, denunció públicamente la situación y confirmó que retiró a su hijo de la escuela hasta que se garantice su seguridad:
“Esto no es una broma, es un delito. Estamos destrozados, sin dormir. Queremos que el responsable se haga cargo”, expresó.
La familia realizó la denuncia policial y presentó una nota en la institución para que Dante continúe sus estudios de manera virtual sin recibir faltas. “Es injusto que tenga que privarse de sus actividades en el aula, justo en su último año, con proyectos finales y consultas con docentes”, agregó Vázquez.
Lorena Vázquez
Falta de reacción institucional
Según relató la madre, el director de la escuela está de licencia y hasta ahora no hubo una denuncia formal por parte de las autoridades. El preceptor fue quien alertó a la familia sobre las pintadas, pero la institución no tomó medidas inmediatas.
La EPET N°3 emitió un comunicado general sobre las amenazas que habían aparecido previamente contra toda la comunidad estudiantil, pero la familia insiste en que este caso requiere acciones urgentes por tratarse de una amenaza personalizada.
La dimensión del problema
El episodio se suma a una serie de amenazas generalizadas en escuelas de todo el país, que ya habían generado preocupación en familias y autoridades. Sin embargo, la gravedad aumenta cuando el ataque se focaliza en un estudiante en particular.
“Estamos en el siglo XXI y todavía se discrimina por cicatrices, por la voz, por la apariencia. Como sociedad estamos muy para atrás”, lamentó Vázquez.
La policía, por su parte, aseguró que se investigará a fondo para identificar a los responsables.
“Si es un menor, serán los padres responsables; si es un mayor, deberá responder por sus actos”, señalaron desde la fuerza.
Consecuencias y responsabilidades
El debate ahora se centra en la responsabilidad institucional y judicial:
- Identificar a los responsables de las amenazas.
- Aplicar sanciones desde la justicia y desde la escuela.
- Acompañar al resto de los estudiantes para que comprendan la gravedad de lo ocurrido y no lo minimicen como una broma.
“Esto no tiene nada de gracioso. No es para encubrir ni para reírse. Es una amenaza directa que afecta la integridad de un joven que ya ha tenido que lidiar toda su vida con discriminación”, remarcaron desde el entorno familiar.
Un llamado a la sociedad
El caso de Dante expone la vulnerabilidad de los estudiantes y la necesidad de protocolos claros frente a amenazas que, de ser tomadas como simples bromas, pueden derivar en consecuencias graves.
Mientras tanto, el chico permanece fuera del aula, justo en el año de cierre de su secundaria, esperando que las autoridades den una respuesta que le permita volver a estudiar con seguridad.
