El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni en el avión oficial a Estados Unidos y descartó la existencia de delito, pero lejos de cerrar la polémica, la decisión reavivó cuestionamientos sobre los privilegios en el uso de recursos del Estado. El fallo desactiva el frente judicial, aunque deja abierta una discusión política que sigue incomodando.
La investigación se había iniciado tras una denuncia que apuntaba a determinar si hubo malversación de fondos o abuso de autoridad por la inclusión de una persona sin cargo público en un vuelo oficial. El caso rápidamente escaló en la agenda mediática y política, en un contexto marcado por el discurso de austeridad del Gobierno.
Según consignó Infobae, el fiscal interviniente consideró que no había elementos suficientes para sostener la comisión de un delito. En su dictamen, sostuvo que la normativa vigente no prohíbe expresamente este tipo de situaciones y que no se comprobó un perjuicio económico concreto para el Estado.
Rafecas avaló ese planteo y resolvió archivar el expediente, al entender que no existían pruebas que permitieran avanzar hacia una imputación penal. Con esa decisión, la causa quedó cerrada en los tribunales, sin responsables ni sanciones.
Sin embargo, el cierre judicial no logró apagar el ruido político. El episodio continúa generando críticas desde distintos sectores, que señalan una contradicción entre el discurso oficial y ciertas prácticas dentro del poder. Así, aunque la Justicia dio por terminado el caso, el debate sobre los límites en el uso de recursos públicos sigue abierto y promete nuevos capítulos.
