En el bloque Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad conducido por Sonia Weisheim, el abogado ambientalista Carlos A. Luisoni analizó la evolución del derecho ambiental en Argentina y advirtió que, pese a los avances, aún existen limitaciones en su aplicación, especialmente en el ámbito penal. “La parte penal ambiental se ha visto ralentizada en su desarrollo legislativo”, afirmó, al señalar que el crecimiento normativo no ha sido acompañado por herramientas suficientes para sancionar los daños al ambiente.
En ese sentido, explicó que el país no cuenta con un capítulo específico dentro del Código Penal que regule de forma integral los delitos ambientales.
Tenemos algunas leyes especiales que regulan ciertas cuestiones, pero no lo tenemos sumamente desarrollado”, indicó, marcando una diferencia con otros países que ya incorporaron regímenes penales ambientales más consolidados.
Respecto a la definición de delito ambiental, Luisoni planteó que no toda conducta vinculada al entorno puede considerarse como tal.
Para que hablemos de un delito ambiental, tiene que tratarse de un delito que tenga por bien jurídico protegido al ambiente”, explicó.
En esa línea, diferenció entre acciones que afectan la propiedad privada y aquellas que impactan directamente sobre los recursos naturales, como la depredación de fauna en períodos de veda.
Otro de los ejes fue el rol de los estudios de impacto ambiental, que funcionan como una herramienta central en la planificación de proyectos. “Es un instrumento de política y gestión que ha ido evolucionando”, sostuvo. Además, remarcó que no solo buscan prevenir daños, sino también generar equilibrio entre desarrollo económico, aspectos sociales y cuidado del ambiente.
En relación a su implementación, destacó que cada provincia adapta estos estudios a su contexto. “Cada provincia debiera adaptar ese estudio de impacto ambiental a las necesidades locales”, señaló, al explicar que existen diferencias según las características geográficas, culturales y sociales de cada territorio.
El problema de fondo, según el especialista, es la dispersión normativa. Actualmente, los delitos vinculados al ambiente están distribuidos en distintas leyes, lo que dificulta su aplicación.
No tenemos dentro del Código Penal un capítulo sobre delitos contra el ambiente”, advirtió, y agregó que esta fragmentación genera ambigüedades sobre qué conductas son punibles.
De cara al futuro, Luisoni consideró que hay avances en discusión que podrían modificar este escenario. “En los proyectos de reforma se prevé incorporar delitos contra el ambiente”, señaló, incluyendo figuras vinculadas a la protección de bosques, flora y fauna. Aunque reconoció que el sistema actual permite actuar en algunos casos, sostuvo que el desafío es consolidar un marco más claro y unificado.
