En medio del debate generado por el proyecto de ordenanza vinculado al uso de espacios públicos para la realización de actividades físicas, el presidente del Consejo de Profesionales de Educación Física de Misiones, Javier Betancourt, salió a aclarar los principales puntos de la iniciativa y llevó tranquilidad a la comunidad: no se cobrará por correr, entrenar, tomar mate, usar plazas o espacios de calistenia.
Betancourt, actual presidente del COPEFIM y matriculado profesional N° 173, explicó que el objetivo central del proyecto no es restringir el uso de plazas, costaneras o espacios recreativos, sino avanzar en un esquema de ordenamiento, planificación y regulación profesional para quienes están al frente de actividades físicas organizadas.
Según remarcó, la propuesta apunta a que toda persona que dirija una actividad física cuente con titulación oficial, matrícula o registro ante el COPEFIM, además de seguro de responsabilidad civil y capacitación en RCP y primeros auxilios, aspectos considerados fundamentales para garantizar seguridad y responsabilidad en el ejercicio profesional.
El titular del Consejo también subrayó que existe una normativa provincial vigente, la Ley I-83, que regula la actividad profesional en el área. En ese sentido, sostuvo que trabajar sin estar registrado o matriculado implica desempeñarse fuera del marco legal, lo que calificó como una forma de ejercicio ilegal de la profesión.
En un audio complementario, Betancourt precisó que el COPEFIM fue creado el 8 de agosto de 1991, mediante la Ley 2870, luego modificada por la actual Ley I-83. Además, señaló que el proyecto de ordenanza venía siendo trabajado desde la gestión anterior y que, en la nueva etapa institucional iniciada en 2026, se retomó el análisis junto a consejeros para adecuar algunos puntos y eliminar otros.
Uno de los puntos que más buscó aclarar fue el alcance del proyecto: no se trata de cobrar por el uso del espacio público, sino de establecer criterios para evitar conflictos entre distintos usuarios. Betancourt mencionó situaciones habituales en plazas o costaneras, donde familias, adultos mayores, niños o vecinos que buscan recrearse pueden verse desplazados por grupos organizados que ocupan determinados sectores sin coordinación previa.
La iniciativa también contempla mecanismos ante eventuales daños al patrimonio público. En caso de roturas de plantas, canteros, mesas, sillas u otros elementos municipales, podría labrarse un acta de infracción, con intervención posterior del Juzgado de Faltas, de manera similar a lo que ocurre con normas de tránsito o nocturnidad.
Betancourt adelantó además que en las próximas semanas se convocará a profesionales e interesados para seguir tratando el proyecto de ordenanza, con la intención de abrir el debate y sumar aportes antes de avanzar en una regulación definitiva.
En síntesis, desde el COPEFIM insisten en que el espíritu de la propuesta es doble: por un lado, jerarquizar la profesión de la educación física; por otro, ordenar el uso compartido de los espacios públicos, garantizando que sigan siendo lugares de encuentro, recreación y actividad saludable para todos los vecinos.
