(CECILIA BRITTO) El Gobierno la vende como una ley de propiedad privada. Es una ley de extranjerización: elimina los cuatro candados que protegen la tierra argentina y deja el último control librado al silencio del Estado. Para Misiones —frontera, agua y selva— no es una discusión económica: es geopolítica.
El jueves el Senado no votó la ley de extranjerización de tierras. No fue prudencia. Fue falta de votos. El oficialismo convocó la sesión, consiguió el quórum, y cuando llegó la hora del capítulo más grave —el que libera la venta de tierras rurales a extranjeros— pidió postergar todo para el 6 de agosto. Cuarta vez que lo intenta. Cuarta vez que la tierra argentina zafa por descuento.
El nombre es la estrategia
Conviene empezar por el nombre. El Poder Ejecutivo no la llama ley de extranjerización: la bautizó “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. Un título de escribanía para un negocio de fronteras. Es la primera regla del marketing legislativo: cuando una ley no se puede defender por lo que hace, se la defiende por cómo se llama. ¿Quién podría estar en contra de la propiedad privada? Nadie. Ese es el punto. El envoltorio está diseñado para que oponerse suene absurdo. Pero las leyes no son lo que dicen ser. Son lo que hacen. Y esta, adentro, hace otra cosa.
Tres intentos, una misma obsesión
Este proyecto no nació solo. Es un capítulo más del proceso de desregulación que el Gobierno nacional viene ejecutando desde diciembre de 2023: retirar al Estado de todos los controles, uno por uno. Primero fue el DNU 70/2023, que con un solo renglón —el artículo 154— derogó de un plumazo la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La Justicia declaró inconstitucional esa derogación. Entonces el Gobierno cambió de herramienta: si el decreto no alcanza, que lo firme el Congreso. Eso es lo que se juega en agosto. No una ley nueva. Un blindaje.
La herida patagónica
La Ley 26.737 no nació de un capricho. Nació de una herida que tiene nombre y mapa: la Patagonia. Cuando el Congreso la sancionó, el grupo Benetton ya acumulaba unas 900.000 hectáreas patagónicas —más de cuarenta veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— y el magnate británico Joe Lewis era dueño de 38.000 hectáreas en Río Negro, con el Lago Escondido adentro: un lago argentino al que los argentinos todavía litigan para poder llegar. La ley llegó tarde para revertir eso, porque no fue retroactiva. Pero llegó a tiempo para que no volviera a pasar. Los candados no se inventaron contra un peligro imaginario. Se forjaron sobre tierra ya perdida.
Los cuatro candados
La Ley 26.737, vigente desde 2011, protege la tierra con cuatro candados. Un tope del 15% de superficie rural en manos extranjeras, medido tres veces: en el país, en cada provincia, en cada municipio. Un cupo del 30% por nacionalidad dentro de ese tope, para que ningún país concentre lo habilitado. Un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zona núcleo o su equivalente. Y una prohibición absoluta: los extranjeros no pueden adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes ni en zonas de seguridad de frontera. La tierra no es una mercadería cualquiera. Es un recurso estratégico no renovable. No se fabrica más tierra.
El candado que se abre solo. El silencio administrativo positivo
El proyecto del Poder Ejecutivo elimina los cuatro candados. Todos. De un solo acto. Y deja en pie un único control: la autorización previa cuando el comprador sea un Estado extranjero o una empresa con participación estatal extranjera. Parece una garantía. No lo es. Porque ese último candado viene con una trampa de relojería: el silencio administrativo positivo. Si la provincia y la Nación no responden el pedido de autorización dentro del plazo —180 días—, la compra queda aprobada de pleno derecho. El Estado ya no tiene que decir que sí. Le alcanza con no llegar a decir que no. Un expediente dormido en un cajón vale lo mismo que una firma. No es un control. Es una cuenta regresiva.
El mecanismo del silencio administrativo positivo aplicado a la venta de tierras.
Una ley escrita a oscuras
Hay algo más grave todavía: nadie sabe con certeza qué texto se va a votar. El proyecto obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo. Desde entonces sufrió sucesivas modificaciones —se llegaron a redactar más de trece versiones distintas— sin volver nunca a debatirse en comisión. Los cambios se negociaron por los pasillos, y el jueves la propia jefa del bloque oficialista asumió el riesgo de cerrar la redacción final en plena sesión. Una ley que reescribe el régimen de la tierra argentina, corregida a puertas cerradas, con versiones que los senadores conocen horas antes de levantar la mano. Eso también es votar a ciegas. No solo se quiere entregar la tierra: se la quiere entregar sin que nadie llegue a leer la letra.
Frontera, agua y selva: geopolítica pura
Ahora ubiquemos el mapa. Misiones tiene 29.801 kilómetros cuadrados: apenas el uno por ciento del territorio argentino. Pero pocas veces un uno por ciento concentró tanto. Más de mil kilómetros de frontera internacional lo rodean: el noventa por ciento de los límites misioneros son frontera viva con Brasil y con Paraguay, con la triple frontera —uno de los puntos más sensibles del continente— en su vértice norte. Debajo del suelo corre el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, compartida por cuatro países y observada por el mundo entero. Sobre el suelo resiste la mayor reserva de selva de la Argentina: la selva paranaense, corazón del Bosque Atlántico, que concentra el 52% de la biodiversidad del país. Frontera, agua y selva. Exactamente las tres cosas que los candados de la ley vigente protegen. Exactamente las tres cosas que el proyecto desprotege.
Esquema de Misiones: 90% del perímetro es frontera internacional y cinco departamentos ya superan el tope legal de extranjerización.
Para otras provincias, esta discusión puede ser económica. Para Misiones es otra cosa, porque Misiones no tiene un activo estratégico: es un activo estratégico. ¿Por qué? Porque las tres cosas que definen el poder territorial de este siglo están juntas en el mismo mapa. El agua dulce, que ya cotiza en mercados de futuros y será el recurso más disputado de las próximas décadas, corre debajo del suelo misionero. La frontera, que define quién entra, quién sale y quién controla los corredores del comercio y de la seguridad regional, rodea a la provincia por tres lados. Y la biodiversidad, la selva que el mundo necesita en pie, crece sobre ese mismo suelo. Geopolítica quiere decir, sencillamente, que el territorio es poder. Por eso las potencias y los grandes fondos no compran campos: compran posiciones. Es decir: no compran para producir, compran para decidir. El campo produce; la posición manda. Una provincia que es toda frontera no puede aceptar que sus zonas de seguridad se vendan por silencio. Una provincia sentada sobre el agua dulce del futuro no puede aceptar que desaparezca la prohibición de comprar tierras con cuerpos de agua. Una provincia que guarda la última selva no puede aceptar que la propiedad extranjera quede sin límite alguno. Quien mira el mapa de Misiones no ve una provincia: ve una posición. Y la única pregunta que importa es quién decide sobre ella.
Los datos duros
La semana que viene se realizará una charla informativa en el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), el organismo que preside la arquitecta Viviana Rovira, quien estuvo al frente del Ministerio de Ecología. Un espacio para seguir esta discusión con la mirada puesta en Misiones.
Mientras tanto, estos son los datos duros disponibles. Según el primer censo completo del Registro Nacional de Tierras Rurales —el relevamiento que ordenó la propia Ley 26.737—, Misiones encabezó el ranking nacional: el 13,88% de su territorio en manos extranjeras, el porcentaje más alto del país, prácticamente pegado al techo del 15% que la ley impone. Los registros posteriores muestran cifras menores, pero esa baja es contable, no real: el decreto 820/2016 cambió la definición de empresa extranjera —elevó del 25% al 51% la participación foránea necesaria para computarla— y habilitó transferencias de acciones sin aviso al Registro. El número oficial es un piso, no un techo. Y hay departamentos que perforaron el tope hace rato, porque la norma no alcanzó a quienes ya eran propietarios. El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA relevó cinco departamentos misioneros por encima del límite legal: Iguazú, con el 40% de su tierra en manos extranjeras —114.406 hectáreas—, Montecarlo con el 18%, Libertador General San Martín con el 17%, y Eldorado y Concepción con el 16% cada uno.
¿Y de qué nacionalidad son esas manos? La que domina en Misiones es el capital chileno: el grupo Arauco —la ex Alto Paraná, del holding Angelini— posee más de 230.000 hectáreas, el 7,5% de la superficie provincial, y en Puerto Libertad, dentro del departamento Iguazú, controla el 80% de la tierra. A escala nacional, tres nacionalidades concentran la mitad de la tierra extranjerizada: Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas —una superficie comparable a toda Misiones—, Italia y España. El desglose más fino, nacionalidad por nacionalidad y lote por lote dentro de la provincia, obra en los registros que custodia el Estado provincial. Con la ley vigente, a Misiones le queda apenas un punto de margen. Con el proyecto, no le queda ningún techo. La extranjerización no es una hipótesis. Es un proceso en marcha. El proyecto no la inaugura: la desata.
El 6 de agosto
Días antes de la sesión, las mujeres que integramos el Movimiento por lo que Viene —el espacio que lidera el gobernador Hugo Passalacqua— nos pronunciamos ante el Senado y pedimos el voto en contra a los tres senadores por Misiones: dos de ellos responden a Encuentro Misionero, que no es el espacio del gobernador; el tercero, al PRO. La referencia queda hecha. El principio también: la tierra se defiende antes de perderla, no después. Lo que se firma en un despacho no se recupera en una plaza.
El 6 de agosto el Senado va a volver a intentarlo. Confiamos en que, llegado el momento, los senadores por Misiones van a priorizar los intereses de los misioneros por encima de cualquier alineamiento partidario: la frontera, el agua y la selva no tienen bandera política. Votar en contra de esta ley no es votar contra un gobierno. Es votar a favor de la provincia de Misiones. (tiempomisionero.com.ar)
