La Costanera de Posadas volvió a quedar en el centro de la conversación pública. Esta vez no por una obra, una postal turística o un evento masivo, sino por una discusión mucho más cotidiana: quién usa los espacios públicos, cómo los usa y bajo qué responsabilidades.
La concejal Luciana Scromeda salió a aclarar el alcance de su proyecto de ordenanza, luego de que circularan interpretaciones que instalaron la idea de que la iniciativa buscaba “cobrar por correr” o aplicar algún tipo de impuesto a quienes realizan actividad física en la Costanera.
La pregunta surgió de manera directa durante la entrevista con el periodista Jorge Kurrle, quien puso sobre la mesa la inquietud que se había generado en redes:
“¿En serio me quieren cobrar por correr en la Costanera?”
Scromeda fue tajante: “Es totalmente falso”.
La edil explicó que el proyecto no apunta a cobrarle al vecino por caminar, correr, entrenar solo o utilizar libremente un espacio público. Según remarcó, la iniciativa busca ordenar y regular las actividades físicas organizadas, especialmente aquellas que tienen un fin comercial y se desarrollan en plazas, parques, circuitos de calistenia o distintos sectores de la Costanera.
El planteo central consiste en crear un registro de profesores, personal trainers y personas que dicten clases en espacios públicos, junto con un relevamiento de los lugares aptos para realizar actividad física dentro de la ciudad. La idea, explicó, es que los vecinos puedan conocer qué espacios tienen disponibles cerca de sus barrios y que esas actividades se desarrollen con mayor organización.
Pero el debate va más allá de un simple registro. Scromeda sostuvo que también se busca saber si quienes dictan clases cuentan con formación, seguro de responsabilidad civil, capacitación en primeros auxilios o RCP. Es decir: si una persona cobra una cuota mensual por entrenar a un grupo en un espacio público, el Estado no puede desentenderse por completo de lo que allí ocurre.
En ese punto, Kurrle planteó una situación concreta que se repite en distintos sectores de la ciudad: grupos numerosos que ocupan circuitos de calistenia, escaleras o espacios determinados durante varias horas, dejando sin posibilidad de uso a otros vecinos que también quieren entrenar en ese mismo lugar.
La concejal respondió que justamente ese tipo de situaciones son las que el proyecto intenta ordenar. El espacio público, sostuvo, no puede convertirse por costumbre, presión o uso reiterado en una especie de reserva privada. Por eso la propuesta contempla que quienes dicten clases informen días, horarios, cantidad de alumnos, tipo de actividad y elementos que utilizan.
La discusión expone una transformación evidente: Posadas creció, la Costanera se consolidó como un gran gimnasio urbano a cielo abierto y cada vez más vecinos eligen entrenar al aire libre. Eso es positivo. Pero ese crecimiento también trajo conflictos: uso intensivo de ciertos sectores, daños en espacios comunes, reclamos de vecinos, grupos que ocupan lugares completos y cuestionamientos de gimnasios que sí deben cumplir exigencias para funcionar.
“Está buenísimo que la gente entrene”, planteó Kurrle durante la charla, pero también marcó una diferencia: no es lo mismo una persona que corre sola que una actividad organizada, con cuota mensual, profesores, grupos numerosos y utilización permanente de un espacio que pertenece a todos.
Scromeda insistió en que el proyecto recién comienza su recorrido legislativo y que la intención es abrir el debate. Según adelantó, la idea es convocar a profesores, alumnos, propietarios de gimnasios y distintos sectores vinculados a la actividad física para escuchar aportes y mejorar la propuesta.
También cuestionó la forma en que algunos dirigentes comunicaron el tema en redes sociales. Pidió responsabilidad a los funcionarios públicos y sostuvo que antes de instalar una versión alarmista es necesario leer el proyecto y discutirlo con seriedad. “No todo pasa por un video en redes sociales para obtener más me gusta”, remarcó.
En el fondo, la discusión no parece ser si la gente puede o no correr en la Costanera. Puede. La pregunta real es otra: cuando una actividad privada, organizada y lucrativa se desarrolla en un espacio que es de todos, qué reglas mínimas deben existir para cuidar al vecino, al patrimonio público y a la convivencia urbana.
El proyecto de la concejal Luciana Scromeda abre así un debate incómodo, pero necesario: cómo ordenar una ciudad que crece, sin quitarle vida al espacio público y sin permitir que lo público termine funcionando como territorio apropiado por unos pocos.
