Distintos sectores vinculados a la discapacidad manifestaron preocupación por el proyecto del Gobierno Nacional que plantea modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según los cuestionamientos, la iniciativa implicaría cambios en el régimen de pensiones, en la relación con el empleo y en el sistema de financiamiento de prestaciones. En ese contexto, advierten que el esquema vigente podría retroceder hacia un modelo basado en la “invalidez laboral”, en reemplazo del enfoque de derechos que rige actualmente.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para eliminar muchos artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, expresó el licenciado en psicopedagogía Luciano Kinder.
El profesional señaló que una de las principales modificaciones estaría vinculada al acceso al trabajo de las personas con discapacidad. “Tendrían que elegir si cobran una pensión de 200.000 pesos o si cobran un trabajo de 700.000 pesos”, afirmó. En ese sentido, explicó que el sistema actual permite compatibilizar ingresos laborales con la pensión bajo determinados límites.
Otro de los puntos señalados refiere al impacto sobre los prestadores de servicios de apoyo, terapias y acompañamiento.
No tendríamos ningún valor de referencia para cobrar y cada obra social podría pagarnos lo que quiera”, indicó Kinder. Según su planteo, la ausencia de un parámetro unificado podría generar diferencias en los pagos entre obras sociales.
También advirtió sobre modificaciones en el esquema de financiamiento de las prestaciones del sector. “Antes eran financiadas por el Tesoro Nacional, ahora serían financiadas solamente por el presupuesto que se asigne en salud”, explicó. En esa línea, sostuvo que este cambio implicaría una reducción de los recursos disponibles.
Kinder agregó que la situación actual del sistema ya presenta dificultades en materia de actualización de valores. “Están muy atrasados respecto a la inflación”, señaló en relación a los aranceles de prestaciones.
Finalmente, el psicopedagogo remarcó que el sector sostiene el rechazo a la iniciativa y reclama el cumplimiento de la normativa vigente. “Venimos a decir, paren la mano con las personas con discapacidad, paren la mano con los prestadores”, expresó.
