La sanción del Presupuesto 2026 por parte del Congreso significó un triunfo de peso para la Casa Rosada, que logró granjearse el apoyo de los gobernadores dialoguistas, jugadores clave en el trámite legislativo. De todas maneras, más allá del aval al proyecto del oficialismo, algunos ítems que los jefes provinciales pretendían incluir en el texto quedaron fuera y formarán parte del menú de reclamos de los meses venideros.
La luz verde de Diputados a la iniciativa había dejado luces de alarma para Javier Milei, quien no pudo imponer el Capítulo 11, rechazado hasta por sectores aliados. De cara a la pulseada en la Cámara alta, el ala política del Gobierno afinó el trazo y logró llevar el documento a buen puerto, con 46 votos a favor, 23 en contra y solo una abstención.
Así las cosas, la administración libertaria se alzó con su primera gran victoria legislativa después de meses de malas noticias en el parlamento. La nueva configuración, consecuencia de las elecciones de octubre, sumada a la pericia de funcionarios como Diego Santilli, Santiago Caputo y los Menem, terminó por apuntalar el primer Presupuesto de la era Milei.
Sin embargo, más allá de los apoyos de los caciques subnacionales, no todo quedó saldado. Numerosos pedidos de las provincias quedaron por fuera del texto y prevaleció la voluntad de aprobar el proyecto para por lo menos tener una hoja de ruta clara. El resto continuará siendo motivo de discusión entre las partes.
«Se van a conseguir más cosas por fuera que lo que puedan incluir en el proyecto», admitió en plenas negociaciones a Ámbito un gobernador que prestó sufragios en el Congreso.
Deuda por coparticipación y cajas previsionales, fuera
Uno de los principales puntos que quedaron por fuera del proyecto fue el reclamo porteño por la coparticipación federal, una deuda cercana a los $370.000 millones. La cuestión había sido incluida en el Capítulo 11 luego de una reunión de Jorge Macri con Diego Santilli. Sin embargo, ese articulado fue volteado en Diputados y el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires cayó del mapa, despertando la irritación de la gestión PRO.
Tras el mal paso, la administración de CABA cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Fue un grave error que se incluyera el tema de la Coparticipación de CABA en ese capítulo. Debería haber tenido un capitulo especial y ser tratado de manera diferenciada», protestaron en Uspallata. Posteriormente, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a Macri (Jorge) para descomprimir la tensión y explorar vías alternativas.
La génesis del conflicto data del 2016, cuando el por entonces presidente Mauricio Macri aumentó el porcentaje de coparticipación que percibía la Capital Federal de 1,4% a 3,7%, con la excusa del traspaso del área de Seguridad. Posteriormente, en 2020, Alberto Fernández retrotrajo esa medida y llevó el guarismo a 2,3%, en búsqueda de fondos para contener un conflicto con la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires.
El hecho abrió una dura disputa entre Fernández y Horacio Rodríguez Larreta -a cargo del Ejecutivo porteño en ese periodo-, quien judicializó la iniciativa. En marzo del 2023, todavía durante el gobierno del Frente de Todos, la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar presentada por la gestión porteña, estableciendo en 2,9% el monto para el distrito.
En septiembre del 2024, ya durante la era Javier Milei, la administración porteña y nacional suscribieron un acuerdo que estableció el pago del 2,95% de la coparticipación. En el mismo, se convino que los desembolsos se realicen de la siguiente manera: 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.
Dentro de la órbita dialoguista, quien también se mostró disconforme con el Presupuesto 2026 fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El líder radical protestó porque el oficialismo no incluyó en el entramado le deuda que Nación mantiene con la caja previsional de la provincia. Según estimaciones propias, la acreencia es de entre uno y dos billones.
“Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”, afirmó Pullaro. A la vez, se refirió al estado de las rutas, uno de los aspectos que más preocupan a los caciques.
Al respecto, afirmó: «Hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de $360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.
La cuestión de las cajas previsionales no es exclusiva de Santa Fe. Durante el último año, el Gobierno avanzó en acuerdos con otros distritos como Chaco, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. En esa tónica y a la par de las negociaciones por el Presupuesto 2026, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con Santilli con la intención de llegar a un entendimiento en ese sentido.
El líder patagónico reclama más de $51.000 millones para la caja chubutense. “Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”, detalló.
También quedó por fuera del Presupuesto aprobado la modificación del impuesto a los combustibles que los mandamases de las 24 provincias impulsaron a mediados de año. Actualmente, los distritos cuentan con un proyecto propio que busca generar un nuevo esquema de redistribución de ese recurso, similar al automático que se utiliza para la coparticipación federal.
Más allá de que diversos pedidos de las provincias quedaron excluidos, lo cierto es que también el oficialismo abrió el grifo de los fondos. De hecho, hasta mediados de diciembre, Economía repartió más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que en los cinco meses anteriores. En noviembre, por caso, directamente no transfirió fondos en ese concepto.
En espejo, las transferencias automáticas crecieron en el último mes del año. Según datos de la consultora Politikon Chaco, los envíos por coparticipación alcanzaron los $5.124.079 millones y exhiben una variación real de +0,1% interanual., además de un crecimiento de 2,6% en la comparación mensual.
«Esta variación, casi nula, se apoya en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+10,9% i.a y -8,9% mensual) que se vio compensada a la baja por un mal mes del IVA (-4,1% i.a y -0,1% mensual); por su parte, también mostraron bajas interanuales los impuestos Internos (-27,3% y -19,8% mensual) y los Otros Coparticipados (-75,6% i.a y -0,3% mensual)», explicaron.
Hubo, por otra parte, asistencia para aliados. Tucumán, donde gobierna el peronista Osvaldo Jaldo, clave para la aprobación de la «ley de leyes», recibió $20.000 millones en concepto de ATN. Entre Ríos, tierra de Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza (LLA), fue auxiliada con $220.000 millones en concepto de adelanto financiero para hacer frente a vencimientos de deuda y otras urgencias.
En las últimas horas, además, el Gobierno nacional aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s75 millones para realizar obras de agua potable en Córdoba.
Aunque para las provincias el Presupuesto 2026 no es ganancia total, sí representa un horizonte de previsibilidad tras dos años de prórroga. No solo importa por los quehaceres cotidianos sino también porque varias de ellas también deberán afrontar vencimientos de deuda. (ámbito.com)
