Con bajas reservas, una sequía histórica que golpea al principal complejo exportador y la orden política de que no haya un salto cambiario, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca sumar financiamiento. Una alternativa que buscan desbloquear en el Palacio de Hacienda es la “financiación climática” por parte de bancos multilaterales y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno estableció un plan de mitigación del cambio climático de cara a 2030 con un costo superior a los u$s200.000 millones.
Si bien existe un abanico de alternativas de financiamiento para acciones climáticas, que van desde bonos verdes y hasta canjes de deudas, el Gobierno espera que en el corto plazo puedan destrabarse créditos con bancos multilaterales y con el Fondo de Resiliencia que creó el año pasado el FMI, con posibilidad de préstamos a 20 años, a través de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Las gestiones las lleva a cabo una mesa de finanzas sostenibles que conforma el Ministerio de Economía, con Marco Lavagna a la cabeza, y la Secretaría de Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Lo que piden es que los créditos para financiamiento climático sean “nuevos fondos”, y no los que suelen destinarse para el desarrollo de países emergentes.
Otra opción que se analiza para el corto plazo es la “estrategia de mercados de carbono”, que está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Permite que durante un período de tiempo los países puedan intercambiar certificados de carbono, es decir, el compromiso de reducción de emisiones a cambio de financiamiento. “Y luego con esos dólares poder trabajar en la mitigación climática y transición energética”, explicó Nicolini en una entrevista en la TV Pública. “Estamos con algunos proyectos piloto y acuerdos bilaterales que esperamos en los próximos meses avanzar y anunciar”, anticipó.
Una de las discusiones que se plantean cuando se negocian este tipo de créditos, que pueden ser para cambiar métodos de producción de las empresas, es que haya lugar para la “transferencia tecnológica” y que no sean procesos de venta “llave en mano”, dado que el Gobierno considera que se necesita “desarrollar capacidades nacionales y científicas para que la transformación productiva genere más trabajo”, explicó Nicolini.
La posición de Argentina es que los acreedores financieros del país son deudores ambientales. Massa llevó ese concepto a las últimas giras internacionales. El mes pasado, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se realizó en India, pidió “discutir otras alternativas de financiamiento”, además de las que otorgan los organismos multilaterales, y proporcionar “alivio financiero”, sobre todo en un contexto de creciente suba en las tasas de interés.
Así lo aseguró Massa frente a sus pares del G20: “Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, indicó.
En el Palacio de Hacienda buscan conseguir dólares para que no se frene la actividad. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar las proyecciones de la cosecha por la sequía, y la estimó en 50 millones menos de toneladas, un impacto en exportaciones de u$s19.000 millones. De no compensar la cantidad de dólares para abastecer las importaciones, la consultora PxQ estima una caída del PBI del 3%. Sin detallar medidas concretas, una alta fuente de Economía aseguró: “En el segundo trimestre va a haber medidas para compensar con otros instrumentos la menor entrada de dólares para que no haya caída en la actividad”.
En la Secretaría de Cambio Climático, que encabeza Nicolini, consideran que existe una correlación entre el cambio climático y la actual sequía, por cómo la suba de las temperaturas genera estrés hídrico, haciendo más extremos fenómenos como La Niña. A causa de las sequías, se estima que en las últimas dos décadas Argentina perdió más de u$s24.000 millones en la producción de soja y maíz.
Costos millonarios
A fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, con 250 medidas para llevar a cabo de cara al 2030, y así avanzar en la transición energética, movilidad sostenible, innovación en procesos productivos y conservación de la biodiversidad. En diálogo con Ámbito, Nicolini explicó que estiman el costo total en más de u$s200.000 millones. “El costo de inacción puede ser muy elevado también”, explicó.
Nicolini señaló que existe una “deuda” de los países desarrollados que en 2009 se comprometieron a otorgar u$s100.000 millones para los países en desarrollo para financiamiento climático que no se cumplió. Actualmente, los países en desarrollo reclaman que esa cifra se triplique, y llegar al billón anual. “En las convenciones internacionales nos exigen más esfuerzo en acelerar la descarbonización, la respuesta es que sí, fantástico, estamos comprometidos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, pero para eso necesitamos fondos de cooperación”, explicó Nicolini.
Ante la consulta de este diario sobre si existe una contradicción entre los objetivos de descarbonización y los planes para desarrollar más la minería y los hidrocarburos en Vaca Muerta, Nicolini explicó que la clave no pasa por la “prohibición de actividades”, sino por buscar métodos de producción “más sostenibles”.
“Hay sectores que son funcionales para la transición ecológica, por ejemplo, la minería de litio y cobre se necesita para la electrificación, la electromovilidad y los parques eólicos y solares», explicó Nicolini. Sobre el caso puntual de Vaca Muerta, aseguró que “hay un consenso” sobre que el gas es importante para la transición energética, como una energía mucho menos contaminante que el carbón. “Hay países que tienen hasta el 50% de su matriz con carbón, exportando gas vamos a poder tener un impacto en la transición de nuestra matriz, pero también en la de otros países”, agregó.
(Fuente: Ámbito)