El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema de Justicia un recurso de “per saltum” en un intento por destrabar la reforma laboral, luego de que la Justicia laboral suspendiera su aplicación parcial. La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el sector sindical por el alcance de los cambios en el régimen de trabajo.
La medida judicial que originó el conflicto hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó distintos artículos de la reforma. A partir de ese fallo, se frenó la aplicación de una parte clave de la normativa, generando un fuerte impacto político e institucional.
Desde el Gobierno sostienen que la suspensión implica una interferencia directa sobre una ley aprobada por el Congreso, lo que consideran un caso de “gravedad institucional”. Bajo ese argumento, buscan que la Corte intervenga de manera urgente para revertir el freno judicial.
El recurso de per saltum es una herramienta excepcional que permite a la Corte Suprema tomar intervención directa en casos de alta relevancia, sin pasar por todas las instancias previas. Su utilización refuerza la estrategia oficial de acelerar una definición sobre el futuro de la reforma.
En paralelo, los gremios mantienen su postura crítica y advierten que la normativa podría vulnerar derechos laborales ya establecidos. Por eso impulsaron la revisión judicial de los artículos cuestionados, lo que derivó en la suspensión parcial que ahora el Gobierno intenta revertir.
Con la causa en manos del máximo tribunal, el escenario queda abierto y con fuerte carga política. La definición de la Corte será determinante: puede reactivar la reforma laboral o sostener su freno, en medio de una pulseada que vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno, la Justicia y los sindicatos.
