El cierre del local Le Utthe en Posadas quedó envuelto en versiones cruzadas, pero un dato aparece como central para poner en contexto la situación: la firma mantenía una deuda de 8 millones de pesos y todavía no estaba firme ninguna multa vinculada a diferencias detectadas en declaraciones juradas. Según se aclaró oficialmente, el monto de casi 190 millones de pesos que circuló en las últimas horas no correspondía a una sanción confirmada, sino a una determinación presunta inicial, que luego fue revisada tras el descargo de la empresa y la presentación de documentación respaldatoria.
De acuerdo con el reporte, el proceso se originó a partir de inconsistencias advertidas en las declaraciones juradas presentadas por el comercio. Sin embargo, una vez cumplida la instancia de descargo formal, la deuda real fue recalculada en 8 millones de pesos, más intereses aún sujetos a reducción, lo que deja en claro que no existía una multa firme ni una obligación por el monto millonario que se difundió inicialmente.
Desde esa perspectiva, también se busca desmentir que el cierre del establecimiento haya obedecido a una supuesta presión tributaria municipal. La explicación, según el informe, remite a un escenario económico mucho más amplio, atravesado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la persistente fragilidad del comercio minorista. En otras palabras, la situación de Le Utthe no puede leerse aislada del contexto general que golpea a numerosos negocios del sector.
A eso se suma una característica estructural de Posadas: su condición de ciudad de frontera. Los cruces constantes hacia Encarnación, favorecidos por las diferencias cambiarias e impositivas, generan una fuga de consumo que erosiona la competitividad del comercio local. En ese marco, el caso de Le Utthe se inscribe en una problemática más profunda, donde las dificultades para sostener la actividad exceden cualquier expediente administrativo puntual.
El informe también subraya que, pese a señales de recuperación en otros rubros, el comercio minorista todavía se encuentra por debajo de los niveles de 2023, reflejando una debilidad que persiste en el mercado interno. Por eso, más que una sanción definitiva o una multa firme, lo que deja al descubierto este episodio es el cuadro de vulnerabilidad en el que se mueven muchos comercios de la ciudad.
En ese escenario, la discusión pública parece haber quedado atrapada en el impacto de una cifra preliminar que finalmente no se correspondió con la deuda efectivamente determinada. Y allí aparece otro punto sensible: cuando una estimación inicial se instala como dato cerrado, el debate se distorsiona y termina desplazando el problema de fondo, que es el deterioro sostenido de la actividad comercial. Más allá del expediente puntual, lo que late detrás del caso es la dificultad de sostener estructuras de costos, ventas y empleo en un contexto cada vez más exigente.
También resulta significativo que, mientras se intentó asociar el cierre a una supuesta presión fiscal municipal, el propio reporte remarca que en ese mismo inmueble se instalará una nueva firma de electrodomésticos. El dato no anula la crisis del sector, pero sí introduce un matiz: no todos los cierres responden a una misma causa lineal, y muchas veces confluyen problemas de administración, retracción del consumo y cambios en la dinámica del mercado.
Así, el caso Le Utthe vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo sobre el presente del comercio en Posadas: cuánto pesa una deuda administrativa, cuánto incide la coyuntura económica y cuánto termina definiendo una frontera que, todos los días, corre parte del consumo hacia el otro lado del río. Entre versiones, aclaraciones y números corregidos, la certeza más sólida es que el comercio local sigue operando en una zona de alta fragilidad.
Leiva Varela: la multa a Le Utthe todavía no está firme
El secretario de Hacienda municipal, Martín Leiva Varela, aclaró que la multa millonaria vinculada a Le Utthe aún no quedó firme y sigue dentro de un proceso administrativo de análisis. Explicó que primero se abre un expediente, se corre vista al contribuyente, se recibe el descargo y la documentación respaldatoria, y recién después puede emitirse una resolución.
Además, remarcó que por secreto fiscal el municipio no puede dar detalles del caso puntual, aunque señaló que este tipo de actuaciones se generan cuando se detectan inconsistencias, diferencias en declaraciones juradas o tributos no ingresados. También sostuvo que el contexto económico es tenido en cuenta, pero que el control tributario sigue vigente.
