La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva: la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una medida clave para el funcionamiento de las casas de estudio de todo el país.
El máximo tribunal deberá definir si avanza la implementación de la norma impulsada por sectores universitarios para garantizar recursos destinados a salarios docentes, becas estudiantiles y funcionamiento institucional, en medio de un escenario de fuerte ajuste presupuestario.
Desde el Gobierno de Javier Milei sostienen que la ley pone en riesgo el equilibrio fiscal y cuestionan que no establece con precisión de dónde saldrán los fondos para cubrir el incremento presupuestario. Por ese motivo, la administración nacional presentó recursos judiciales para frenar su aplicación.
En paralelo, rectores, docentes, estudiantes y gremios universitarios advierten que la situación financiera de las universidades es crítica y aseguran que el deterioro presupuestario impacta directamente en las actividades académicas, la investigación y el pago de salarios.
La tensión escaló luego de las multitudinarias marchas universitarias realizadas en distintos puntos del país, donde miles de personas reclamaron “en defensa de la educación pública” y exigieron la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ahora, con el expediente en manos de la Corte Suprema, la decisión del máximo tribunal podría marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos políticos y educativos más sensibles del año.
