Este jueves en la comisión de Juicio Político los diputados repasaron las acusaciones contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. El jueves que viene en una reunión clave se definirá la admisibilidad de la investigación, instancia previa a la apertura del sumario para la producción de la prueba contra los magistrados.
Una vez finalizada la reunión de este jueves, la presienta de la comisión, Carolia Gaillard explicó que pese a las diferencias en las acusaciones y aunque se apunte contra distintos integrantes de la Corte, la votación que determinará la admisibilidad se realizará de manera única por mayoría simple.
Ante esta decisión, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, rechazó enfáticamente el método de votación y pidió que se llevara a cabo una votación que permita deslindar las acusaciones ya que la UCR tiene la decisión de votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, pero no el resto de las acusaciones contra el tribunal.
«Una vez declarada la admisibilidad y la investigación y producción de prueba vamos a tener los dictámenes y ahí la Coalición Cívica tendrá la oportunidad de dictaminar contra Lorenzetti», respondió Gaillard sobre la disyuntiva.
La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley afirmó en conferencia de prensa que las condiciones para que se apruebe la admisibilidad están dadas pero consideró que «hay que hacer un informe sustancioso y fundado».
Qué dijeron los impulsores del proyecto
En esta segunda reunión de la comisión, los impulsores de los proyectos de ley presentados fueron los encargados de exponer y explicar el por qué de sus acusaciones contra los magistrados.
La primera en hablar fue la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago, coautora del pedido de juicio político que en 2017 encabezó Elisa Carrió contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema en ese entonces.
Oliveto Lago apuntó contra Lorenzetti por falta de «idoneidad» y «transparencia» en el desempeño de sus funciones y lo acusó de ser «articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito del Poder Judicial».
La diputada de la Coalición Cívica enumeró los 29 hechos que se le imputan, y denunció especialmente el «manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios» y la «transferencia de estructuras propias del ámbito del Consejo al ámbito de la Corte Suprema» para la «concentración del poder» en la Justicia.
Por otro lado, también tuvo lugar para exponer el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés. El legislador, a diferencia de Oliveto Lago, señaló diversas denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos: «Es una misión y función propia del Congreso», aseguró.
Además puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por «tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto», a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro.
Otros expositores fueron la diputada nacional del Frente de Todos María Rosa Martínez, Claudio Rocca (Asociación Argentina de Juristas), Federico Méndez (Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales), y los denunciantes particulares Ricardo La Greca, Diego Sánchez, Pablo Llonto y Patricia Isasa.
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