(Redacción C6Digital). El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad presentará esta semana un proyecto de ley que busca reducir a la mitad la carga del IVA sobre la provisión de agua regulada por medidor, al pasar de la alícuota general del 21% a una tasa reducida del 10,5%. La iniciativa apunta a generar un alivio directo en la factura que pagan los hogares y, al mismo tiempo, promover un uso más responsable de un recurso considerado escaso y esencial.
EPRAC pide reducir o eliminar el 21% de IVA en el servicio de agua potable
El proyecto propone modificar el artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, incorporando como nuevo inciso la provisión de agua regulada por medidor dentro del listado de actividades alcanzadas por la alícuota reducida. Según los fundamentos, el esquema actual impone sobre el agua potable una carga tributaria que no se corresponde con su carácter indispensable para la vida humana.
Herrera Ahuad plantea que el acceso al agua potable no puede ser tratado fiscalmente como un consumo más. En los fundamentos, recuerda que el agua y el saneamiento fueron reconocidos como derecho humano fundamental por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, con adhesión de la República Argentina. Desde esa mirada, sostiene que gravar este servicio con una tasa del 21% resulta incompatible con esa jerarquía jurídica y social.
La iniciativa también introduce un argumento de equidad tributaria. El IVA, por su naturaleza, es un impuesto regresivo: impacta proporcionalmente más en los hogares de menores ingresos. Esa regresividad se profundiza, advierte el texto, cuando el impuesto recae sobre servicios básicos que las familias no pueden dejar de consumir, como el agua potable.
En ese sentido, la reducción del IVA al 10,5% tendría un efecto directo y universal sobre las facturas residenciales. No requeriría crear nuevos subsidios ni mecanismos administrativos de asistencia, sino que el alivio estaría incorporado dentro de la propia estructura del tributo. Para los hogares de menores recursos, ese ahorro representaría una proporción mayor de su ingreso disponible.
Otro de los puntos centrales del proyecto es el incentivo al uso de medidores. Al limitar el beneficio a la provisión de agua regulada por medición, la propuesta busca fomentar un consumo más racional y eficiente, en línea con la necesidad de cuidar un recurso cada vez más valioso.
Herrera Ahuad reconoce en los fundamentos que cada punto de IVA que se reduce tiene impacto en la recaudación, especialmente en un contexto donde se busca equilibrio entre ingresos y gastos públicos. Sin embargo, plantea que la legislación vigente proviene de la década del noventa y que revisar gradualmente su aplicación sobre servicios esenciales podría ayudar a corregir distorsiones.
La propuesta, en definitiva, busca equiparar el tratamiento fiscal del agua con otros bienes y servicios que ya cuentan con alícuotas reducidas por razones sociales, sanitarias, educativas o productivas. Para el legislador misionero, la esencialidad del agua “no admite discusión” y merece un tratamiento preferencial dentro del sistema impositivo nacional.
El proyecto establece que, de aprobarse, la nueva alícuota comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
