El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, reglamentó un capítulo central de la reforma laboral que permanecía pendiente y que ahora podrá aplicarse en todo el país. La medida formaliza la implementación de un régimen orientado a promover la registración de trabajadores no declarados. Este avance representa uno de los pasos más concretos dentro del paquete de cambios laborales impulsados por el Ejecutivo. Además, marca el inicio de una etapa de aplicación efectiva de herramientas que buscan modificar la dinámica del empleo en el sector privado.
La normativa, oficializada a través del decreto 315/2026, pone en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral. El esquema establece una reducción de aportes patronales para empleadores que regularicen personal o incorporen nuevos trabajadores bajo condiciones formales.
El beneficio contempla una disminución progresiva de las cargas sociales por un período de hasta 48 meses. El objetivo es aliviar el costo laboral en el proceso de incorporación o blanqueo, en un contexto donde una parte significativa del empleo se mantiene en la informalidad.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca ampliar la base de trabajadores registrados y mejorar el acceso a derechos laborales, como cobertura de salud, aportes jubilatorios y estabilidad contractual. A su vez, se plantea como una herramienta para dinamizar el mercado laboral.
La reglamentación se concreta luego de definiciones judiciales que habilitaron avanzar con distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Con este paso, uno de los capítulos más relevantes deja de estar en suspenso y pasa a tener aplicación efectiva.
El nuevo esquema abre una etapa de implementación que será observada por sectores empresariales y sindicales, en un escenario donde la formalización del empleo y el costo laboral continúan en el centro del debate económico.
