El Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales, una iniciativa que promete abrir un fuerte debate político y económico. La propuesta, impulsada por la administración de Javier Milei, busca eliminar las restricciones nacionales para la compra de tierras por parte de extranjeros, trasladar esa facultad a las provincias y reforzar la protección de la propiedad privada. La iniciativa también incorpora cambios en materia de expropiaciones y desalojos, por lo que genera tanto expectativas como cuestionamientos.
Uno de los cambios más relevantes establece que cada provincia podrá definir si impone o no límites a la adquisición de tierras rurales por personas o empresas extranjeras. De aprobarse la reforma, dejaría de regir el tope nacional del 15% de la superficie rural en manos de capitales extranjeros, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones para fijar sus propias reglas.
Además, el proyecto propone eliminar otras restricciones vigentes, como los límites de superficie que puede adquirir un comprador extranjero y las diferencias establecidas según su nacionalidad. También habilitaría la posibilidad de comprar tierras que incluyen nacientes o cuerpos de agua, una cuestión que hasta ahora estaba especialmente regulada por tratarse de recursos estratégicos.
La iniciativa forma parte del paquete denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», con el que el Ejecutivo busca fortalecer las garantías para los propietarios. En ese marco, se establecen mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar con una expropiación, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a quienes invierten en el país.
Otro de los ejes del proyecto apunta a agilizar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales. La propuesta busca reducir los tiempos judiciales y facilitar que los propietarios recuperen sus inmuebles cuando se compruebe una usurpación, una medida que el Gobierno considera clave para proteger el derecho de propiedad.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma permitirá atraer inversiones, impulsar el desarrollo agropecuario, energético y minero, además de generar un marco más favorable para la llegada de capitales extranjeros. Según el oficialismo, la descentralización de las decisiones hacia las provincias permitirá adaptar la normativa a las necesidades y estrategias de cada región.
Sin embargo, el proyecto ya despertó cuestionamientos de especialistas y sectores de la oposición. Advierten que la eliminación de los límites nacionales podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en zonas con recursos naturales estratégicos, como reservas de agua, áreas productivas y regiones con potencial minero y energético.
La discusión recién comienza y promete convertirse en uno de los debates más intensos del Congreso. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para estimular inversiones, fortalecer la propiedad privada y otorgar mayor autonomía a las provincias, sus críticos sostienen que el desafío será encontrar un equilibrio entre la llegada de capitales y la preservación del control sobre recursos estratégicos para el país.
(Fuente: Infobae)
