La posible desregulación del mercado inmobiliario encendió una fuerte polémica entre el Gobierno nacional y los colegios profesionales de corredores y martilleros de todo el país. Mientras la gestión de Javier Milei impulsa una flexibilización de la actividad bajo el argumento de “abrir la competencia”, desde el sector inmobiliario advierten que la medida podría derivar en más estafas, informalidad y pérdida de controles.
La discusión tomó fuerza luego de una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de entidades inmobiliarias, en medio de versiones sobre un plan para eliminar la obligatoriedad de las matrículas profesionales.
Desde el oficialismo sostienen que las regulaciones actuales funcionan como “barreras de entrada” que limitan el acceso al mercado, elevan costos y favorecen estructuras corporativas. La idea de fondo apunta a permitir que cualquier persona pueda intermediar operaciones inmobiliarias sin necesidad de pertenecer a colegios profesionales.
Pero la reacción del sector no tardó en llegar.
Referentes inmobiliarios salieron a cuestionar duramente la iniciativa y aseguraron que eliminar las matrículas dejaría a compradores e inquilinos “sin protección”. Incluso, algunos dirigentes afirmaron que gran parte de las estafas inmobiliarias son cometidas por operadores no habilitados.
La polémica abrió un debate mucho más profundo: ¿las matrículas garantizan transparencia o son un privilegio corporativo? Mientras sectores libertarios celebran una posible “destrucción de monopolios”, corredores y martilleros advierten que la medida podría generar un mercado sin controles ni responsabilidades claras.
En redes sociales también se multiplicaron las posiciones enfrentadas. Algunos usuarios apoyan la desregulación y consideran que las comisiones inmobiliarias son excesivas, mientras otros sostienen que quitar exigencias profesionales podría convertir al sector en una “tierra de nadie”.
Por ahora no hay un anuncio oficial definitivo, pero la discusión ya escaló y promete convertirse en otro foco de conflicto entre el Gobierno y los sectores profesionales regulados.
