El Congreso de Brasil aprobó este martes la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asuma las competencias de seguridad tras el asalto a la sede de los tres poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial.
El Senado dio luz verde a la medida decretada por Lula con el voto en contra de ocho legisladores que responden a Jair Bolsonaro, un día después del aval dado por la Cámara de los Diputados, en donde los seguidores del expresidente brasileño optaron por salir antes de la votación.
«Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales«, declaró el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, según informó la agencia de noticias Europa Press.
«Esa minoría extremista será identificada, investigada y responsabilizada, así como sus financiadores, organizadores y agentes públicos dolosamente omisos», agregó Pacheco, que pidió no olvidar lo que ocurrió el domingo.
La medida, que fue votada de forma simbólica, es decir, sin usar el panel electrónico para contar los votos, estará vigente hasta finales de enero.
«El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia», dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
En la Cámara baja la medida fue aprobada, pese a que algunos legisladores bolsonaristas, como Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal (PL), intentaron postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial.
Para Kicis, la decisión no estaba justificada dado que la situación en Brasilia ya estaba bajo control.
«La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado», argumentó.
Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, informó Folha de Sao Paulo, citado por la agencia de noticias Europa Press.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.
Los ataques en diferentes sedes
Miles de militantes bolsonaristas asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado
Tras el ataque y como consecuencia de los actos «golpistas» y «terroristas», como fueron definidos por las autoridades, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.
También, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo pasado.
El PT pidió a De Moraes que sea el encargado de las investigaciones, que implicarían a los diputados bolsonaristas electos Clarissa Tercio, Silvia Waiapi, Andre Fernandes y la suplente Pamela Borio.
También solicitó que los cuatro legisladores sean incluidos en investigaciones sobre los casos de las noticias falsas durante la campaña, la de las milicias digitales y el que señala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.
Por su parte, el PSOL requirió que en la investigación se incluya al senador electo Magno Malta y a los diputados Ricardo Barros, Marcio ‘Coronel’ Tadeu, Jose Mederios y Carlos Jordy, la mayoría de ellos del PL, al tiempo que reclamó que se les retire el pasaporte y se les prohíba utilizar las redes sociales.
En paralelo a las denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo, se alcanzaron otras a los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso.
Antes de que ambas formaciones hicieran oficial sus intenciones, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, había adelantado que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serían investigados, citando, sin nombrar directamente, a la indígena bolsonarista Waiapi.
Rodrigues es uno de los principales impulsores de una comisión especial parlamentaria para investigar lo ocurrido el domingo y el papel de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos hace ya dos semanas.
«No habrá tolerancia con el terrorismo en las calles, no habrá tolerancia con el terrorismo aquí en el Congreso. Quien no condenó los actos que ocurrieron se alía con el fascismo», zanjó Rodrigues, quien acusó a Bolsonaro de estar detrás de aquellos hechos del domingo.
(Fuente: Télam)
