Este jueves, en la sesión de la Cámara de Representantes, a raíz de la situación de violencia que vive la provincia de Jujuy, a través del bloque Tierra, Techo y Trabajo, se propuso que se declare sobre tablas, «un enérgico repudio a la represión ejecutada hacia el pueblo jujeño, que incluye a organizaciones sociales, pueblos originarios y docentes que se manifestaron fuera de la Legislatura, y en contra de la aprobación a puertas cerradas, de la reforma de la Constitución provincial, el 20 de junio del corriente».
En este debate el oficialismo sostuvo que al gobierno de Misiones «le preocupa todo tipo de violencia, tanto hacia las fuerzas de seguridad como hacia las instituciones», mientras que el bloque de la UCR-Pro solicitó condenar el «intento de golpe de Estado» de parte de sectores de la oposición, en el distrito gobernado por el radical Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.
Finalmente después de un cuarto intermedio solicitado por el bloque oficialista, se unificaron los proyectos en un dictamen que expresó la profunda preocupación de la Cámara de Diputados, por las acciones violentas que se realizan para resolver las protestas en Jujuy. «Una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida. Llamamos al Estado a respetar la libertad de expresión, los derechos humanos y los estándares interamericanos del uso de la fuerza y a llevar a cabo un diálogo efectivo inclusivo e intercultural», sostienen parte de los fundamentos de la iniciativa.
En el recinto, el legislador de TTT hizo hincapié en que «la escalada de violencia es repudiada por todo el arco político, salvo por aquellos que defienden lo insostenible y justifican el accionar violento, represivo e ilegal del gobierno de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, radical y de Juntos por el Cambio que ejerce la ilegalidad, y excedió todos los parámetros democráticos y federales de esta fuerza que a veces se disfraza de republicana», indicó el diputado.
«El derecho a la protesta es parte de la democracia»
En esta sesión desde el bloque Tierra, Techo y Trabajo decidió no presentar otros proyectos porque -considera- que lo que sucede en Jujuy es mucho más urgente y necesario.
«Queremos sentar nuestra postura política, porque a 40 años de democracia no pueden ocurrir hechos de inusitada violencia como se vivió en Jujuy, donde hubo personas detenidas ilegalmente, allanamientos sin orden, camionetas sin patente y policías de civil infiltrados generando caos.
«Esto lo vimos y existen testimonios que lo refrendan. En esta criminalización de la pobreza hubo detenidos, torturados, encapuchados y obligados a firmar confesiones por hechos no cometidos. Detuvieron a quienes estaban de paso, por las dudas, por portación de cara, a personas discapacitadas, un ciudadano perdió perdido un ojo y otro tiene una fractura de cráneo, todo como consecuencia de la violencia ejercido ante el levantamiento del pueblo jujeño por la inconstitucional reforma de la Constitución que dibujaron y votaron a puertas cerradas».
Se trata de una Constitución que «anula la función social de la tierra, que permite su expropiación a los Pueblos Originarios en manos de testaferros y poderosos. Además, pretende crear la mayoría automática en las Cámaras legislativas por el sólo hecho de ganar un cargo ejecutivo, y anula los derechos conquistados, entre ellos el derecho a la protesta que es el primer derecho de un pueblo», enfatizó Sereno.
El diputado reseñó que la violenta represión ejecutada contra las y los jujeños que se manifestaba afuera de la Legislatura contra la aprobación de la reforma de la Constitución provincial, tras su sanción y jura, dejó un saldo de más de 170 heridos y 68 presos, cuando efectivos de Infantería de la Policía de Jujuy se enfrentaron con quienes protestaban, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.
«La reforma constitucional atenta contra nuestros derechos»
“La reforma de la Constitución nos perjudica porque empeña el futuro de nuestros hijos, la legalización del saqueo de los recursos naturales, el despojo de nuestras tierras. Defendemos los derechos como la consulta, libre, previa e informada, la defensa del agua y el territorio», expresaron desde el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, una de las organizaciones indígenas que iniciaron el «Malón de la Paz» desde distintas localidades de la provincia.
Especificaron que la modificación del artículo 36, sobre «derecho a la propiedad privada», deja en mejores condiciones a titulares registrales que disputan tierras con comunidades originarias, ya que incorpora «mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular». Y afirma que se considerará «grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida», además alienta la sanción de una ley que determine «las condiciones para el desalojo».
En ese sentido desde Tierra, Techo y Trabajo, el Movimiento Evita y los partidos, organizaciones y agrupaciones que integran el Frente Amplio, dejaron clara su postura de «absoluto repudio» a las violencias provocadas por el gobierno de Jujuy. «Instamos a reforzar los valores democráticos de resguardo y valorización de la vida humana, de la biodiversidad, respetando los pueblos indígenas preexistentes», remarcaron desde los espacios.
