Este 28 de agosto el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) cumple 53 años de vida. En un momento crítico para la Argentina, signado por la infamia, la locura política, la más vil traición a la patria y el violento pisoteo al pueblo trabajador.
La políticas del gobierno neoliberal de La Libertad Avanza no tienen nada de nuevo. Ya se implementaron y las sufrimos en otras épocas. Cambian las formas, se ajustan los discursos; pero en el fondo el modelo económico y cultural sigue siendo el mismo.
Son proyectos antipopulares y antinacionales que sólo apuntan a satisfacer las demandas de sus amos: los Estados Unidos de Norteamérica y las grandes corporaciones transnacionales.
Uno de sus principales objetivos es la apropiación de los recursos naturales y las tierras. Un plan que dejará como consecuencias éxodo rural e indígena, represión, contaminación, desocupación, miseria y saqueo.
En la década de 1970, durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) el Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz aplicó estas mismas políticas e incrementó exponencialmente la deuda externa. Las treinta mil muertes y desapariciones fueron “daños colaterales” de la implantación de ese modelo.
En los años noventa, durante el menemismo, ese proyecto económico se acentuó. Lo padecimos crudamente en Misiones con la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Aquel paquete de “Reformas Estructurales” implementado por Domingo Cavallo eliminó además la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, La Corporación Argentina de Productores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Dirección Nacional del Azúcar y el Instituto Nacional Forestal.
A eso se agregaron las privatizaciones: un total de diecisiete en Misiones. Desaparecían políticas públicas y se perdían derechos sociales en medio de una oscura fiesta de corrupción generalizada y grandes negociados.
El gobierno de Fernando De la Rua (1999-2001) continuó en esa misma dirección, con políticas nefastas que terminaron de rebasar el vaso y desencadenaron levantamientos populares en todo el país. El “Argentinazo” registrado en diciembre de 2001 puso fin a esa etapa, al grito colectivo de “que se vayan todos”. En nuestra provincia las principales manifestaciones de la crisis en el ámbito rural fueron los “Tractorazos”: masivas movilizaciones que dejaron como conquista la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Las actuales políticas de Milei, aunque muestren un ropaje y una retórica en apariencia diferente y “novedosa”, nos retrotraen a ese trágico pasado reciente. Y, lo más grave: expresan una amenaza real de condenar nuevamente a un destino de miseria a millones de argentinos.
El proyecto es el mismo. El proceso se repite y debemos advertirlo con firmeza: para el sector de los pequeños productores es una política totalmente negativa. Porque los agricultores familiares necesitan del Estado en todos los sentidos para sobrevivir. Desarrollan actividades productivas que únicamente pueden sostenerse con el apoyo estatal.
Es un sector importantísimo, ya que produce el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. Se trata, sin dudas, de un aporte excepcional al desarrollo soberano y al bienestar de nuestro pueblo, además de lo que representa, en sí misma, su presencia y pulsión vital en los territorios. Pero no sobrevive sin políticas públicas.
Muchas políticas que favorecían a nuestro sector están cayendo con este gobierno.
Las jubilaciones sin la totalidad de aportes (moratorias previsionales) para productores es un ejemplo claro. En muchos casos se trata de personas que aportaron toda su vida, como los tabacaleros. Pero éstos no se acreditaron ya que las empresas incumplieron con sus obligaciones.
Las pensiones por discapacidad es otro problema preocupante. Por los trabajos forzados que implica estar cotidianamente en la chacra, el sector de la agricultura familiar es uno de los que más problemas físicos padece, con diferentes niveles de discapacidad.
¿Cuántos colonos conocemos que se cayeron de un galpón y sufrieron fracturas o que se reventaron la columna cargando ponchadas de yerba o fardos de tabaco? Nunca más pudieron ser los mismos por las limitaciones físicas que les quedaron…
Si hubieran habido casos de otorgamientos indebidos de estas pensiones deberian investigarse; pero no podemos admitir que se elimine este beneficio ya que es absolutamente necesario para la supervivencia de miles de familias rurales.
Mención aparte merece la situación de los productos agropecuarios. Este gobierno, aliado de las transnacionales y latifundistas, ataca abiertamente a la agricultura familiar. Vienen por la cabeza de los productores y por sus tierras; por los bienes comunes, buscando acentuar los monopolios y concentrar las ganancias en muy pocas manos.
La yerba mate, a partir de la desregulación del INYM dispuesta por el Estado nacional, atraviesa un momento crítico. En los últimos veinte años si tuvimos un precio mínimamente regulado fue porque existió el INYM, que controló que no se plante en exceso. La historia ha enseñado que si se plantan grandes cantidades, como ocurrió en la década del noventa, las grandes empresas se aprovechan, luego hay sobreoferta y cae el precio. Y si cae el precio el primero que paga las consecuencias es el agricultor familiar. Ese es un problema muy grave. Con estas políticas se destruye a los pequeños productores, quienes pueden terminar vendiendo sus chacras, migrando a las periferias de las grandes ciudades y engrosando las villas miserias. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir.
La realidad del sector tealero es aún más complicada: sólo dos empresas manejan el té en la provincia y los productores tienen el 80 por ciento arrendado. El precio de este producto ya ni se discute, directamente se entrega.
Otro capítulo doloroso de este tiempo político es el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con el despido de 900 técnicos que asistían a más de 250 mil pequeños productores de todo el país.
Esta entidad, que atravesó diferentes etapas y se fue consolidando a lo largo de tres décadas, posibilitó ayudas concretas: asistencias técnicas, capacitaciones, créditos y subsidios que dejaron como resultado mejoras concretas en la calidad de vida de las familias rurales. Construir un buen potrero, tener una adecuada instalación de agua, un pozo perforado, condiciones mínimas para elaborar y comercializar los productos… Podría confeccionarse una larga lista de beneficios que llegaron desde el Estado a través de las políticas orientadas a la Agricultura Familiar.
En ese recorrido y con esa dinámica institucional también estuvo, como una constante, la defensa del derecho a la tierra. Así, se frenaron desalojos, miles de productores pudieron permanecer en las chacras y en muchos casos, además, se pudo regularizar la tenencia de la tierra mediante la asistencia legal de abogados comprometidos con estas comunidades agrarias e indígenas, en la defensa de los territorios y el cuidado ambiental.
Hay que recalcarlo: estas instituciones, estas políticas públicas y estas normativas no aparecieron por generación espontánea. Han sido posible gracias a la lucha, la organización y la persistencia de los grupos de base, a lo largo de muchos años de discusión y trabajo articulado. Son derechos ganados, conquistas populares de vital importancia. Es cierto que hubo falencias y errores. Lamentablemente hubo mucha resistencia para alcanzar la efectiva implementación de estas políticas. Pero el marco institucional y jurídico para dar la pelea existía y ese piso, creíamos, estaba garantizado.
En ese recorrido y con esa realidad institucional también estuvo, como una constante, la defensa del derecho a la tierra. Así, se frenaron desalojos, miles de productores pudieron permanecer en las chacras y en muchos casos, además, se pudo regularizar la tenencia de la tierra mediante la asistencia legal de abogados comprometidos con estas comunidades agrarias e indígenas, en la defensa de los territorios y el cuidado ambiental.
En otro orden de cosas, la reforma Laboral que se impulsa instala el Fondo de Cese Laboral que elimina las indemnizaciones, la eliminación de la moratoria previsional y del monotributo social, así como también la quita de multas para quienes no registren a sus trabajadores, lo que acentuará la precariedad laboral e incrementará el trabajo esclavo y el trabajo infantil.
Son medidas que afectan de lleno a la población agraria, tanto a pequeños y medianos productores como a peones rurales.
Implican retrocesos en materia de derechos conquistados en muchos años de luchas y dolorosas experiencias padecidas en la historia reciente, que no se pueden soslayar.
En suma, debemos asumir que nuestro pueblo atraviesa una emergencia social y alimentaria alarmante. La lucha es conjunta, entre el “otro campo” (no el del agronegocio que se arroga tal figura, sino el que produce los alimentos que llegan a la mesa de las familias argentinas) y la ciudad.
Juntos, decimos: No pasarán. El pueblo argentino, como ocurrió en cada momento de crisis y atropellos, sabrá ponerse de pie y transitar un camino de resistencia y defensa de la Patria.
El MAM cumple 53 años en un tiempo sombrío en el que se busca demoler los cimientos de la democracia que, con todas sus contradicciones, tensiones y materias pendientes, supimos sostener a lo largo de cuatro décadas.
Han pasado apenas nueve meses del inicio del gobierno de Milei y el nivel de destrucción que estamos viendo es insólito.
Convocamos a las organizaciones del campo popular a redoblar la lucha en conjunto, en los problemas más inmediatos y urgentes de la actualidad: la concentración de la tierra, el avance forestal, la regulación de la yerba mate y recuperación del INYM y el fortalecimiento de las políticas de Agricultura Familiar. Hay demasiado en juego. Y no podemos quedarnos callados ni quietos.
Es preciso encontrarnos, para seguir construyendo colectivamente un nuevo modelo productivo para la provincia de Misiones. (Prensa MAM)
