A través de un comunicado oficial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) informó que el colegio activó inmediatamente los protocolos de contención tras conocerse la denuncia a principios de junio. El implicado fue suspendido y posteriormente echado de la institución, mientras la causa avanza en los estrados judiciales.
POSADAS. Frente a la gravedad de una denuncia que involucra a un miembro del cuerpo docente de una institución educativa de gestión privada de la provincia, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado oficial para esclarecer las medidas administrativas y preventivas que se adoptaron con el fin de resguardar a la comunidad escolar.
A través del documento, el organismo supervisor confirmó que, según las actuaciones formales remitidas entre el 1 y el 10 de junio, el establecimiento educativo en cuestión reaccionó de manera inmediata una vez que tomó conocimiento de los hechos denunciados, activando minuciosamente los procedimientos institucionales vigentes para este tipo de contingencias.
Separación del cargo y presentación ante la Comisaría de la Mujer
El informe técnico detalla la secuencia de acciones que implementaron las autoridades del colegio para garantizar la transparencia y la protección de los menores involucrados:
Actuaciones internas: La institución instruyó sumarios administrativos de carácter interno y procedió a labrar las actas correspondientes.
Abordaje familiar: Se recabó información de primera mano en entrevistas directas junto a las familias afectadas.
Canalización judicial: Se radicó la denuncia y las presentaciones pertinentes ante la Comisaría de la Mujer, dando intervención inmediata a las autoridades policiales y judiciales competentes.
Sanción institucional: En primera instancia, el docente investigado fue suspendido de forma preventiva y, de manera posterior, se determinó su desvinculación definitiva de las funciones que ejercía en el establecimiento.
Postura institucional y resguardo de menores
Desde el SPEPM enfatizaron que, una vez agotada la instancia administrativa y laboral dentro de la escuela, el caso se dirime estrictamente bajo la órbita de los tribunales provinciales. «Actualmente, la situación continúa en instancia judicial, ámbito encargado de determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder», subrayaron las autoridades de la enseñanza privada.
«Este organismo mantiene una postura firme e inquebrantable en cuanto a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, exigiendo y velando por el cumplimiento estricto de todos los protocolos establecidos ante estas situaciones», concluye el comunicado, ratificando que se continuará realizando un seguimiento exhaustivo del expediente.
