La legisladora porteña por el PRO participó de una jornada abierta en el Hotel Julio César de la capital misionera. Si bien ratificó su defensa histórica de la iniciativa, alertó que el borrador provincial incluye inhabilitaciones previas a una condena penal y hasta por «contravenciones de tránsito», lo que violaría el Pacto de San José de Costa Rica.
La discusión sobre la transparencia institucional y las condiciones para acceder a cargos públicos sumó un capítulo de fuerte debate técnico en la tierra colorada. Este viernes 12, el Hotel Julio César de Posadas fue el escenario de la jornada «Debate Abierto: Ficha Limpia en Misiones», que contó con la presencia destacada de Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de esta legislación a nivel federal.
Si bien Lospennato ratificó la necesidad de avanzar hacia una política con «ficha limpia», lanzó serias advertencias legales y constitucionales sobre el texto del proyecto que actualmente se analiza en la provincia, señalando que contiene «excesos arbitrarios» que podrían hacer caer la ley ante un inminente reproche judicial.
El límite constitucional: El Pacto de San José de Costa Rica
El eje central de la advertencia de la legisladora radicó en el respeto a los tratados internacionales con rango constitucional que protegen los derechos políticos de los ciudadanos, tanto el de elegir (sufragio activo) como el de ser elegido (sufragio pasivo).
Lospennato recordó de manera taxativa lo establecido por la jurisprudencia del Pacto de San José de Costa Rica:
«El Pacto define los límites que se pueden poner a la elegibilidad de los candidatos. Dice con total claridad que la única manera de agregar nuevas ineligibilidades es si estas tienen condena penal por juez competente. La instancia de la condena es el ‘pasa o no pasa’ sobre si una ley es convencional y, por ende, constitucional o no. Poner una instancia anterior a la condena niega este principio y va a merecer el reproche jurídico ni bien se apruebe», alertó de forma contundente.
La legisladora del PRO criticó que el borrador del proyecto misionero prevé múltiples instancias restrictivas de participación que se activan mucho antes de que el acusado reciba una sentencia firme, lo que violaría el principio de inocencia y las garantías democráticas.
El peligro de las contravenciones y el «Cherry Picking»
Otro de los puntos que despertó mayor polémica durante la jornada fue el tipo de faltas que el proyecto local pretende utilizar como filtro para vedar candidaturas. Lospennato reveló que el texto incluye desde delitos graves hasta simples contravenciones de tránsito.
Ante el argumento de algunos sectores locales que justifican esta dureza bajo la premisa de «si un candidato no tiene su casa ordenada o no puede pagar una multa, tampoco puede pretender manejar las finanzas públicas», la legisladora nacional contrapuso los principios jurídicos de proporcionalidad y razonabilidad:
El riesgo de la arbitrariedad: Excluir a un candidato de la competencia democrática por una infracción menor abre la puerta a un uso político y arbitrario del sistema penal y administrativo.
Restricción extrema
«La limitación de quién puede ser candidato tiene que ser extremadamente restrictiva, justamente porque afecta a la democracia. Lo más importante que tenemos los ciudadanos es nuestro derecho al sufragio en sus dos versiones», argumentó.
Selección arbitraria de conductas: Lospennato utilizó un concepto técnico de la literatura política para describir el espíritu del proyecto de Misiones:
«Hay un ‘cherry picking’ (recolección de cerezas), que consiste en elegir arbitrariamente algunas conductas que parecerían tener un grado de disvalor suficiente para impedir una candidatura, sin un criterio legal unificado».
Un llamado a corregir el rumbo antes de la sanción
Hacia el cierre del debate, la legisladora porteña instó a los legisladores locales y a los equipos técnicos a adecuar el proyecto a los estándares nacionales e internacionales. Remarcó que el espíritu de Ficha Limpia debe ser el de alejar la corrupción estructural de las listas electorales (como delitos de malversación, enriquecimiento ilícito o fraudes al Estado), pero sin transformar la herramienta en un mecanismo de proscripción o de persecución por faltas menores.
