El vocero presidencial y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional, una decisión que se conoció mientras continúa sin presentar públicamente su declaración jurada patrimonial. La situación volvió a poner el foco sobre la transparencia de los funcionarios y el control de sus bienes.
La adhesión al régimen permite regularizar situaciones tributarias y patrimoniales dentro del marco establecido por la normativa vigente. Sin embargo, el caso de Adorni generó repercusiones debido a que la presentación de su declaración jurada continúa pendiente, pese a que desde el oficialismo se había señalado que el documento sería difundido en las próximas semanas.
El tema cobra relevancia porque la declaración jurada es una herramienta utilizada para conocer la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y verificar la correspondencia entre sus ingresos y sus bienes. En ese contexto, distintos sectores políticos y organismos de control siguen de cerca la situación del portavoz presidencial.
La demora en la presentación ocurre además en medio de cuestionamientos y pedidos de información sobre el patrimonio del funcionario. La documentación es considerada clave para despejar dudas y aportar datos oficiales sobre su situación económica, especialmente tras la repercusión que generó su adhesión al régimen fiscal.
Mientras se espera la publicación de la declaración jurada, el debate gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública. La combinación entre la adhesión al régimen de Inocencia Fiscal y la ausencia de datos patrimoniales actualizados mantiene el tema en la agenda política nacional.
(Fuente: Ámbito)
