La Municipalidad de Posadas puso en vigencia la reglamentación para ordenar el servicio privado de transporte de residuos sólidos urbanos voluminosos, una medida que alcanza a empresas y particulares que trabajan con volquetes, camiones volcadores y vehículos destinados al traslado de escombros, restos de poda, muebles, colchones, electrodomésticos, chatarra, neumáticos fuera de uso y otros residuos que no pueden ser retirados por la recolección domiciliaria habitual.
La normativa, enmarcada en la Ordenanza XVI-N°119 y reglamentada por el Decreto N°362/2026, establece la inscripción obligatoria en el Registro Municipal de Transportistas de RSUV, la habilitación técnica de los vehículos y volquetes, la identificación visible de cada unidad, la patente municipal correspondiente y la autorización previa para ocupar la vía pública. El permiso para colocar volquetes tendrá una duración inicial de 48 horas, con posibilidad de prórroga por 24 horas más.
Sin embargo, la implementación abrió una fuerte polémica con sectores del rubro. A C6Digital, integrantes de la Asociación de Volqueteros y Cargas Voluminosas de Posadas expresaron su rechazo al esquema de tasas y advirtieron que, de aplicarse tal como fue comunicado, el costo final del servicio podría duplicarse para los vecinos.
Según expresaron a C6Digital transportistas del sector, actualmente un contenedor ronda entre 55 y 60 mil pesos, dependiendo del servicio y la distancia. Con las nuevas exigencias vinculadas al uso de la vía pública, disposición final y descarga en lugares habilitados, sostienen que el valor podría escalar a 110, 115 o incluso 120 mil pesos por servicio.
“El cliente no sabe nada de esto; se va a enterar cuando pida un contenedor y le digan cuánto sale”, señalaron.
Los volqueteros cuestionan que, además de afrontar combustible, choferes, mantenimiento de camiones, seguros y costos operativos, deberán trasladar al precio final las nuevas tasas municipales. En ese sentido, afirmaron a C6Digital que el impacto no recaerá solamente sobre las empresas, sino también sobre familias que contratan contenedores para limpiar patios, retirar ramas, hacer podas, sacar escombros o cumplir con tareas de descacharrización vinculadas a la prevención del dengue.
“Hoy hay vecinos que entre dos juntan para pagar un contenedor de 55 o 60 mil pesos. Si eso pasa a valer más de 100 mil, muchos directamente no van a poder contratar el servicio”, plantearon.
También advirtieron que esta situación podría generar el efecto contrario al buscado: menos contratación formal, más residuos acumulados y mayor riesgo de descargas irregulares.
Desde el municipio, la reglamentación apunta a ordenar una actividad sensible para el ambiente urbano. El comunicado oficial remarca que está prohibido descargar residuos voluminosos en la vía pública, terrenos baldíos, zonas costeras, cauces de arroyos o ríos. También establece que la disposición final deberá realizarse únicamente en sitios habilitados, con hoja de ruta y controles sobre cada descarga.
La norma incorpora además un sistema digital para trámites, pagos, seguimiento en tiempo real de la ubicación de volquetes y control mediante aplicación móvil. Los pagos podrán realizarse de manera online, a través de la aplicación SEOM o medios electrónicos, y también de forma presencial en puntos habilitados.
Pero el punto más conflictivo está en el impacto económico. Los transportistas sostienen que el nuevo esquema obliga a transferir parte importante de lo cobrado al municipio mediante QR o medios digitales, en concepto de uso de vía pública y disposición final. “Nosotros hacemos tripa corazón para vivir. Si hoy cobramos 55 o 60 mil pesos, con esto tendríamos que llevarlo a 110 o 120 mil. La diferencia no queda para nosotros”, expresaron a C6Digital.
Otro de los reclamos apunta a una posible desigualdad frente a empresas tercerizadas que, según los volqueteros, tendrían contratos o vínculos previos con el municipio y mejores condiciones operativas, como acceso a combustible subsidiado o trabajos garantizados. Desde el sector advierten que esto podría derivar en una concentración del servicio y en el cierre de pequeños prestadores.
“Nos quieren fundir. Algunos colegas ya dijeron que van a cerrar. Si los chicos dejan de trabajar, queda armado un monopolio entre el municipio y dos o tres empresas”, señalaron a C6Digital durante una reunión del sector, donde también anticiparon posibles medidas de protesta y la búsqueda de apoyo gremial.
El régimen sancionatorio prevé multas por operar sin inscripción, utilizar volquetes sin patente municipal o con patente adulterada, colocar contenedores sin autorización, no cubrir residuos durante el traslado, sobrecargar unidades o disponer residuos en lugares no autorizados. La falsificación o ausencia de patente municipal será considerada falta grave.
De esta manera, Posadas avanza hacia un sistema más regulado para la gestión de residuos voluminosos, con el objetivo oficial de ordenar el uso del espacio público y evitar focos de contaminación. Pero la aplicación práctica ya encendió el conflicto: los transportistas aseguran que el nuevo costo puede hacer inviable el servicio, golpear el bolsillo de los vecinos y abrir una disputa por quién controlará el negocio de los volquetes en la ciudad.
Datos clave
La inscripción de transportistas se abrió desde el 11 de mayo hasta el 29 de mayo de 2026. El cobro de descargas en lugares municipales comenzó el 26 de mayo, mientras que el cobro por ocupación de la vía pública a través del SEOM está previsto desde el 1 de julio de 2026.
