El Gobierno nacional oficializó una polémica medida que flexibiliza los controles sobre la venta y certificación de chalecos antibalas, cascos y blindajes en el país. La decisión quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y ya genera debate por el alcance de los cambios en materia de seguridad.
La nueva normativa elimina la obligación de realizar nuevamente pruebas balísticas en Argentina para aquellos productos que ya cuenten con certificaciones internacionales reconocidas. De esta manera, chalecos antibalas, blindajes y cascos aprobados bajo estándares de Estados Unidos o Europa podrán ingresar y comercializarse con menos trámites y controles locales.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir costos, agilizar importaciones y ampliar la oferta de equipamiento de protección para fuerzas de seguridad, empresas y usuarios autorizados. Además, aseguran que permitirá acelerar procesos burocráticos y facilitar exportaciones de fabricantes nacionales.
Sin embargo, la resolución despertó cuestionamientos entre especialistas y sectores vinculados al control armamentístico, que advierten sobre un posible “relajamiento” de los mecanismos estatales de supervisión. Algunos referentes remarcan que la eliminación de pruebas locales podría disminuir la capacidad de verificar la calidad real de los materiales que ingresan al país.
Otro de los cambios relevantes es que se amplía la cantidad de organismos habilitados para certificar estos productos, incorporando laboratorios extranjeros reconocidos internacionalmente. A su vez, el Registro Nacional de Armas (RENAR) estableció nuevas normas técnicas para chalecos, cascos y sistemas de blindaje.
La medida se da en medio de un contexto de creciente discusión sobre seguridad, acceso a equipamiento táctico y políticas de control estatal. Mientras el oficialismo defiende la flexibilización como una modernización administrativa, sectores críticos alertan que podría abrir una nueva etapa con menos controles sobre materiales sensibles.
La resolución ya entró en vigencia y marca un cambio importante en las políticas de regulación sobre equipamiento balístico y blindajes en Argentina.
