El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los subsidios destinados a compensar a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con cáncer. La decisión generó preocupación en organizaciones y sectores vinculados a la discapacidad, que advierten sobre posibles dificultades para acceder al derecho al transporte.
La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y alcanza al sistema que cubría económicamente a las empresas por los boletos sin costo exigidos por ley. Aunque desde el Ejecutivo aclararon que el beneficio para los pasajeros continuará vigente, ahora las compañías deberán absorber ese gasto sin asistencia estatal.
El cambio se produce en el marco de la desregulación del transporte automotor de larga distancia impulsada por el Gobierno nacional. Según argumentaron las autoridades, las empresas actualmente cuentan con libertad para fijar tarifas, recorridos y modalidades de servicio, por lo que consideraron “innecesario” mantener compensaciones económicas.
Sin embargo, la decisión encendió alarmas entre asociaciones de personas con discapacidad y familiares de pacientes que dependen de estos viajes para tratamientos médicos, controles y estudios en otras provincias. Señalan que en los últimos meses ya se registraban inconvenientes para conseguir pasajes y temen que la situación empeore tras la quita de subsidios.
El sistema de gratuidad para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes trasplantados acreditados por INCUCAI y otros grupos contemplados por ley seguirá formalmente vigente. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de ese derecho.
La medida reabre el debate sobre el acceso al transporte y la inclusión, en un contexto económico marcado por recortes y reducción del gasto público. Mientras el Gobierno sostiene que busca eliminar distorsiones y avanzar en la desregulación del sector, distintos actores sociales advierten que el impacto podría recaer directamente sobre uno de los sectores más vulnerables.
