La reunión del último jueves del Frente Encuentro Misionero dejó una señal política que no pasó inadvertida: la presentación pública del Subjefe de la Policía de Misiones, Comisario General Licenciado Marcos David López Asencio, en un rol que para varios observadores pareció exceder lo estrictamente institucional y abrir una discusión sensible sobre la posible participación política de efectivos policiales en actividad.
Durante el encuentro, el funcionario policial fue mencionado en términos que llamaron la atención, incluso como “dirigente más que jefe de policía”, en el marco de una reflexión sobre la historia de la fuerza y su eventual incorporación a una nueva etapa de participación dentro del espacio político.
El planteo no fue menor. En la reunión se habló de la Policía de Misiones como una institución con raíces históricas profundas, vinculada al orden civil y al proceso de construcción provincial. Desde esa mirada, se sostuvo que la fuerza tuvo en sus orígenes un papel más cercano al acompañamiento social que a una lógica militar, y que con el paso del tiempo fue quedando limitada por el proceso de profesionalización y subordinación al poder civil.
La fuerza tuvo en sus orígenes un papel más cercano al acompañamiento social que a una lógica militar, y que con el paso del tiempo fue quedando limitada
La frase que más ruido generó fue la necesidad de “incluir a la policía” dentro de la oferta política del Frente Encuentro Misionero. Esa definición deja instalada una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la participación pública de un funcionario policial en actividad dentro de un armado político, sin chocar con las restricciones propias del régimen disciplinario y con la neutralidad que se exige a las fuerzas de seguridad?
¿Hasta dónde puede llegar la participación pública de un funcionario policial en actividad dentro de un armado político
El primer obstáculo aparece en el propio régimen policial. La Ley XVIII Nº 3, que regula al personal policial de Misiones, establece en su artículo 28 inciso f que el personal en actividad debe “no aceptar, ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los partidos políticos”. Es decir, la prohibición no es interpretativa: está escrita de manera expresa.
A eso se suma la Ley Orgánica de la Policía de Misiones, Ley XVIII Nº 22, cuyo artículo 18 dispone que “la Policía de la Provincia no puede ser utilizada con fines políticos partidarios”. Esa norma apunta a preservar a la institución de cualquier utilización electoral o partidaria, especialmente cuando se trata de mandos superiores, jerarquías, uniformes o actos donde la presencia policial pueda ser interpretada como respaldo político.
El antecedente más cercano es el debate por el derecho al voto de policías y fuerzas de seguridad. En mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Misiones dejó sin efecto las tachas del padrón y habilitó la participación electoral de integrantes de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales, luego de una decisión judicial vinculada al planteo de inconstitucionalidad.
Pero ese antecedente tiene un límite claro: una cosa es votar como ciudadano y otra muy distinta es participar activamente en reuniones, armados, estrategias o presentaciones políticas estando en actividad policial. El voto fue reconocido como derecho político individual; la militancia o exposición pública partidaria, en cambio, sigue chocando con el estatuto vigente.
Una cosa es votar como ciudadano y otra muy distinta es participar activamente en reuniones, armados, estrategias o presentaciones políticas estando en actividad policial.
Por eso, si el Frente Encuentro Misionero pretende abrir formalmente la puerta a la participación política de policías, debería impulsar una reforma legal. Ese cambio debería tocar, como mínimo, el artículo 28 inciso f de la Ley XVIII Nº 3, para reemplazar la prohibición absoluta por un régimen regulado.
Una eventual reforma debería establecer condiciones claras: participación fuera del horario de servicio, sin uniforme, sin armas reglamentarias, sin uso de recursos estatales, sin invocar la jerarquía policial, sin hablar en nombre de la institución y sin comprometer a subordinados. También debería diferenciar el ejercicio ciudadano de derechos políticos de la utilización partidaria de la fuerza.
No es lo mismo que un efectivo policial vote, opine o ejerza sus derechos como ciudadano, que la presencia de un alto mando policial dentro de una reunión política sea leída como parte de una estrategia de armado territorial. Ese es el punto delicado que abre la discusión.
La reunión del último jueves dejó así instalada una idea fuerte: el Frente Encuentro Misionero no solo busca sumar sectores sociales, productivos y juveniles, sino también abrir un debate sobre el lugar de la Policía en la vida política provincial.
Pero si esa idea avanza, tendrá que pasar por la Legislatura. Porque sin reforma legal, cualquier participación política de un policía en actividad puede quedar bajo sospecha disciplinaria.
En definitiva, el planteo político ya fue instalado. El problema es que, por ahora, la ley todavía dice otra cosa.
