El Gobierno nacional encendió el debate en el mercado inmobiliario tras confirmar que en junio enviará al Congreso un proyecto para desregular la compraventa de propiedades. El anuncio del ministro Federico Sturzenegger puso en alerta a distintos sectores, ya que la iniciativa busca eliminar regulaciones históricas con la promesa de abaratar costos y acelerar operaciones.
La propuesta apunta a transformar de raíz el funcionamiento del sector. Entre los cambios en estudio se encuentran la reducción de requisitos obligatorios, la flexibilización de las condiciones para operar y la apertura a nuevos actores, lo que implicaría un esquema con menos controles y mayor competencia.
Desde el oficialismo sostienen que el sistema actual está cargado de trabas que encarecen cada operación y limitan el acceso a la vivienda. Bajo esa lógica, la desregulación permitiría dinamizar el mercado, reducir costos de intermediación y facilitar tanto la compra como la venta de inmuebles en un contexto económico complejo.
Sin embargo, el proyecto no llega sin resistencia. Referentes del sector inmobiliario advierten que una flexibilización excesiva podría generar incertidumbre, afectar la seguridad jurídica de las operaciones y debilitar el rol de los profesionales tradicionales que intervienen en el proceso.
En paralelo, también surgen dudas sobre el impacto real que podría tener la medida en los precios. Mientras el Gobierno apuesta a que una mayor competencia derive en valores más accesibles, algunos especialistas plantean que sin cambios estructurales en la economía, la baja de costos no necesariamente se trasladará al valor final de las propiedades.
Con posiciones encontradas y un escenario cargado de tensiones, la iniciativa comenzará su recorrido legislativo en las próximas semanas. El debate promete ser intenso y marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo debe funcionar el mercado inmobiliario en la Argentina.
