Por Redacción C6Digital
Cada vez que un automovilista carga combustible, no solo enfrenta un precio cada vez más alto en el surtidor: también paga una estructura impositiva que explica casi la mitad del valor final y que hoy abre una discusión más profunda sobre el destino real de esos recursos. Según los datos expuestos en un informe periodístico, el 46,6% del precio de la nafta corresponde a impuestos, pero el debate ya no pasa únicamente por cuánto se cobra, sino por quién se queda con la mayor parte y cuánto de eso efectivamente se distribuye como establece la ley. 
De acuerdo al detalle presentado, los tributos nacionales concentran el mayor peso dentro del precio final: IVA (21%), Impuesto a los Combustibles Líquidos (12,6%) e Impuesto al Dióxido de Carbono (7,9%). A eso se agregan impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y tasas municipales, entre ellas la vial y la de seguridad e higiene. El resultado es contundente: de un total estimado, 853 pesos corresponden solamente a impuestos, de los cuales 759 pesos van a Nación, 55 a la Provincia y 39 a los municipios. 
La cifra ya impacta por sí sola, pero el eje que empieza a ganar fuerza política y federal está en otro punto: el destino de los fondos. Porque, según lo planteado en el informe, dentro de la masa de recursos que absorbe Nación aparecen asignaciones al Tesoro Nacional (10,4%), ANSES (28,6%), Provincias (10,4%), Fonavi (15%) e Infraestructura Hídrica (0,8%), además de otros destinos específicos. También se indicó que una porción importante de esos recursos vinculados al combustible debería terminar alimentando organismos y obras del sistema vial. 
Sin embargo, según fuentes propias del canal consultadas, allí aparece la principal objeción: el problema no sería solamente que la Nación se queda con la mayor parte de la recaudación, sino que no gira la totalidad de lo establecido por ley a las provincias y, además, no se observa una correlación visible entre lo que se cobra y las obras o programas que deberían ejecutarse con esos fondos.
Las mismas fuentes señalaron que el mayor peso dentro de esta discusión recae sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, que en conjunto rondan casi un 20% del precio del combustible. En particular, remarcaron que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que representa alrededor del 13%, debería tener una distribución en la que el 50% corresponda a las provincias y el otro 50% quede para la Nación. Pero el cuestionamiento crece porque, según esa interpretación, la parte que conserva el Estado nacional no se estaría volcando plenamente a los fines que marca la ley, especialmente en materia de infraestructura vial.
En ese marco, el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad fue más allá y, en declaraciones formuladas en el programa del periodista Jorge Kurrle en C6Digital, sostuvo que los recursos destinados a obras viales que la Nación no está ejecutando deberían ser girados a las provincias, para que estas puedan al menos sostener y mantener sus rutas. El planteo pone el foco no solo en la concentración de la recaudación en manos del Estado nacional, sino también en la falta de devolución efectiva de esos fondos a los territorios que hoy deben afrontar, con recursos propios, el deterioro de una red vial cada vez más exigida.
La mirada que surge de ese reclamo es nítida: si la Nación cobra impuestos con asignación específica para infraestructura, pero no ejecuta las obras que corresponden, entonces las provincias deberían recibir esos recursos para garantizar al menos el mantenimiento de sus corredores. En distritos como Misiones, donde la conectividad vial resulta clave para la producción, el turismo, el transporte y la vida cotidiana, esa discusión adquiere una dimensión todavía más concreta.
En ese contexto, otra fuente del ámbito gubernamental consultada por C6Digital sostuvo que, dentro de este esquema, lo que efectivamente se gira por ley se concentra en Fonavi y fondo combustible, mientras persisten dudas sobre el resto de las asignaciones previstas en la normativa. Esa diferencia entre la letra legal y la percepción concreta de ejecución es la que hoy alimenta buena parte de la crítica.
El mismo razonamiento alcanza al Impuesto al Dióxido de Carbono, que forma parte del precio final y que, según las fuentes consultadas, debería sostener una lógica vinculada a la eficiencia energética o a políticas ambientales. Pero, desde esa mirada, la crítica es que ese componente sigue cobrándose sin que exista una política activa y visible que justifique su permanencia en el surtidor.
Así, detrás del valor de cada litro aparece una trama mucho más compleja que la del simple aumento de precios. Hay una estructura tributaria pesada, una concentración fuerte de recursos en manos de la Nación y una discusión creciente sobre el incumplimiento o subejecución de los destinos que la ley prevé para esos fondos. En otras palabras, el malestar no pasa solo por la presión impositiva, sino también por la sensación de que se cobra mucho, se concentra arriba y no vuelve en la misma proporción a las provincias ni en obras palpables para la gente.
Con ese telón de fondo, el precio del combustible vuelve a transformarse en mucho más que una variable económica: pasa a ser un termómetro del vínculo entre Nación y provincias, del reparto de los recursos y de una pregunta cada vez más incómoda para el poder central: si casi la mitad de lo que paga el ciudadano son impuestos, dónde está realmente ese dinero y por qué no se ve reflejado como marca la ley.
El alza de la nafta en marzo impulsa medidas oficiales para contener precios y reducir el impacto en el consumidor
La discusión sobre la carga impositiva en los combustibles se da en un contexto de subas sostenidas en los surtidores. Según informó Infobae, el precio de la nafta aumentó alrededor de un 15% en marzo, en línea con el encarecimiento internacional del petróleo y los ajustes aplicados por las refinadoras. En las últimas semanas, los incrementos se repitieron en varias oportunidades, consolidando una tendencia alcista que impacta directamente en el costo de vida.
En ese escenario, el Gobierno nacional decidió postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono prevista para abril, con el objetivo de amortiguar el impacto en el consumidor. Además, habilitó a las empresas a incrementar de manera voluntaria la proporción de bioetanol en las naftas, una medida técnica que busca dar mayor flexibilidad al sector y contener futuras subas en un mercado atravesado por la volatilidad internacional y la presión inflacionaria.
