UNICEF publicó un posicionamiento con criterios claros sobre cómo debe abordarse cualquier modificación del Régimen Penal Juvenil, en un contexto en el que el proyecto ingresó este lunes a Diputados. El comunicado del organismo subraya que “la adecuación normativa requiere la implementación de un sistema de justicia especializado que asegure -de manera real y efectiva- el acceso a la justicia, el debido proceso, penas y medidas diversas y graduales enfocadas en la prevención del delito y de la reincidencia”.
Para UNICEF, la justicia penal juvenil no debe construirse únicamente desde la lógica punitiva y del castigo, sino desde un enfoque que priorice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que incorpore medidas socioeducativas y restaurativas. En ese sentido, señala que cualquier sistema efectivo debe asegurar “criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución”.
El documento hace referencia a evidencia científica y a estándares internacionales, incluyendo la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, que sostiene que la madurez y la capacidad de comprensión de consecuencias están en desarrollo durante la adolescencia. UNICEF cita textualmente que “pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años”.
Régimen Penal Juvenil: qué dice el comunicado de UNICEF
A partir de ese análisis, el organismo subraya que la idea de un régimen penal especial “no viene de la capacidad de los chicos y las chicas de actuar como personas adultas, sino precisamente de su falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes y, por consiguiente, de total responsabilidad”.
UNICEF también advierte que la privación de libertad debe ser excepcional y breve, en línea con los estándares internacionales que promueven la reinserción social y la reparación. El documento sostiene que “la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia” y que un sistema moderno debe centrarse en soluciones proporcionales y contextualizadas.
Además, UNICEF promueve enfoques alternativos que integren prevención, reinserción social, educación y apoyo psicosocial, con el objetivo de que los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan desarrollarse de forma constructiva dentro de la sociedad.
La postura del organismo no rechaza el debate ni la necesidad de actualizar el marco legal, pero plantea que cualquier reforma debe estar “en línea con los estándares internacionales, incluidos los principios de progresividad y de no regresividad” y respetar el sistema de protección integral consagrado en la normativa argentina y en tratados internacionales. (ambito.com)
