La decisión del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) de no establecer un precio de referencia para la hoja verde volvió a dejar expuesta la fractura interna del sector y sumó un nuevo factor de tensión de cara a la zafra 2026. La resolución, respaldada por la presidencia del organismo, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas, se apoyó en un dictamen técnico que consideró que sugerir valores orientativos iría en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional, al entender que podría distorsionar el mercado y afectar la competencia privada.
Del otro lado quedaron los representantes que insistieron en la necesidad de contar con algún mecanismo de orientación para evitar una mayor desigualdad en la cadena. Entre ellos se ubicó el director por Misiones, Ricardo Maciel, quien ya había planteado formalmente semanas atrás la necesidad de avanzar en una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha. En esa propuesta advertía que, aun sin facultades para fijar valores obligatorios, el INYM no podía desentenderse del impacto que la desregulación provocó sobre el sector primario.
El fondo del conflicto pasa por la estructura misma del negocio yerbatero. Desde Misiones sostienen que no se trata de un mercado libre en términos reales, sino de un esquema con fuerte concentración de la demanda, donde miles de productores quedan frente a un puñado de compradores con capacidad para imponer condiciones. Sin referencia oficial y sin herramientas regulatorias, el productor queda expuesto a negociaciones desiguales, con precios muy por debajo de los costos.
La brecha hoy es contundente. Mientras el mercado paga alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, algunas cooperativas ya se mueven en valores de entre 380 y 450 pesos. A la vez, distintos estudios técnicos ubican el costo de producción en torno a los 391,2 pesos por kilo para un yerbal de alto rendimiento, cifra que superaría los 508 pesos si se incorpora una rentabilidad mínima. Esa diferencia alimenta el malestar del sector productivo, que denuncia que la crisis no está en la yerba mate como actividad, sino en la distribución de la renta que genera toda la cadena.
Así, la negativa del INYM a fijar siquiera un precio de referencia consolida el cambio de paradigma impuesto tras la desregulación nacional y deja a la zafra 2026 a las puertas de un escenario más incierto, con mayor volatilidad y una tensión creciente entre industria, cooperativas y productores.
