A partir de la entrada en vigencia, desde este año, del Protocolo Antipiquete de la Nación se establece una sanción económica por los costos que le significan al Estado las protestas callejeras, las roturas y el robo o daño de bienes públicos.
En este sentido, el Gobierno y la Justicia están realizando los calculos para cuantificar las cifras que se le aplicarán a los policías, docentes y otros piqueteros que hayan participado del intento de sedición de la última semana.
Los montos se podrían descontar por planilla de liquidación de sueldos, mutual, gremio o mediante la cobranza judicial.
En el cálculo se incluye:
- El robo de 18 patrulleros ($3 millones por día);
- La no operatividad del Comando Radioeléctrico ($2,5 millones por día);
- Corte del tránsito, desorden y limpieza de la via publica (($1 millón por día);
- Ventas caídas de los comercios de la zona ($2,2 millones por día).
- Lo cual totaliza casi $10 millones de pesos por día.
