El Senado se prepara para una sesión clave este viernes, en la que el oficialismo busca sancionar dos leyes clave para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de “inocencia fiscal”. El foco principal está puesto en el primer proyecto, donde hay al menos dos artículos que generan resistencia en los bloques dialoguistas.
La oposición apunta a rechazar el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas.
De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.
El texto señala puntualmente que el gobierno de Javier Milei busca derogar el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.
Este punto concita la mayor resistencia entre la oposición dialoguista y podría determinar el desenlace de la sesión. La bancada oficialista enfrenta una votación ajustada para el artículo 30, ya que sectores del peronismo, junto a bloques provinciales, anticiparon su rechazo. La participación o ausencia de senadores será determinante en ese momento.
Fuentes del oficialismo admitieron a Infobae que la eventual caída del artículo 30 podría poner en riesgo la sanción total del Presupuesto, por lo que no descartan modificaciones o negociaciones durante la sesión.
El artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, también genera inquietud entre aliados potenciales del oficialismo.
El texto de ese artículo que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
Desde un bloque opositor, un legislador expresó a este medio: “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado”. En los hechos, se trata de una afectación de la autonomía universitaria, ya que en última instancia obtendrá los fondos a partir del aval del Poder Ejecutivo.
El Gobierno viene de sufrir un duro traspié con la oposición en la Cámara de Diputados. La versión de Presupuesto que llegó al Senado ya excluye el capítulo XI, que derogaba leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos, aunque en el oficialismo no descartan que el texto vuelva a Diputados si se incorporan cambios de último momento.
Para el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar previsto en 1.423 pesos a diciembre de 2026, el oficialismo no prevé mayores dificultades.
La bancada de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación en general del texto, aunque persisten dudas sobre la suerte de los dos artículos, que enfrentan objeciones de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros aliados.
La Libertad Avanza suma 21 legisladores (incluyendo a Luis Juez), una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.
El peronismo llegará dividido: los senadores cercanos a gobernadores dialoguistas muestran apertura a aprobar el Presupuesto, mientras el sector alineado con la expresidenta Cristina Kirchner mantiene una postura de rechazo a cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales.
Convicción Federal, de cinco integrantes, integra el interbloque peronista “Popular”. Tiene a cuatro legisladores dispuestos a votar a favor en general, mientras que el representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no definió su postura, ya que el gobernador Ricardo Quintela rechaza la iniciativa.
Para el Gobierno, el resultado de la votación marcará la posibilidad de dar una señal política de ratificación del rumbo económico, mientras que para la oposición será una oportunidad de establecer límites.
El escenario más adverso para el oficialismo sería que el texto deba volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión, con solo dos días hábiles antes de fin de año.
(Fuente: Infobae)
