En Casa Rosada confirman que Javier Milei no subirá el gasto, ni la inversión pública y utilizará el superávit para bajar impuestos. En 2024 cayeron unas 4.000 firmas. Las empresas piden al menos rescindir los contratos de los proyectos que quedaron truncos.
La inversión en infraestructura durante el año 2024 fue la menor desde la caída de la convertibilidad. El dato surge de un informe de la consultora PxQ que detalla los gastos de capital ejecutados por el Estado desde 1993 a precios constantes. Fuentes de la Casa Rosada le confirmaron a Ámbito que el gobierno de Javier Milei no piensa invertir en obra pública salvo contadas excepciones y apuntan a las provincias. Las empresas piden que, al menos, rescindan los contratos de los proyectos ya iniciados.
El Gobierno logró su objetivo de alcanzar el superávit financiero en su primer año de gestión. Para eso tuvo que llevar adelante un ajuste drástico del gasto público. El recorte, al que Javier Milei describió como “el más grande de la historia de la humanidad”, estuvo liderado por la obra pública que quedó virtualmente paralizada.
Según el monitor fiscal que elabora PxQ, la consultora del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, la partida gastos de capital cayó un 77% y fue la que más sufrió, seguida por transferencias a provincias -68% (en muchos casos también para obras), otros gastos corrientes -66% y subsidios económicos -34%.
El parate pegó fuerte en las empresas. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), para octubre de 2024 cayó un 9,2% la cantidad de empleadores, lo que evidencia la desaparición de unas cuatro mil firmas del sector en tan solo un año. Los datos del Instituto Argentina Grande, que nuclea a técnicos de Gabriel Katopodis, dan cuenta de una pérdida de 80.000 empleos en el período.
Obra pública: el panorama para 2025
El proyecto de Presupuesto que presentó el Gobierno al Congreso no anticipa un panorama mejor para el 2025. Prevé nuevos recortes en transferencias a provincias y municipios y una recuperación mínima para la partida de gastos de capital con respecto a lo ejecutado en 2024.
A esta altura, ese proyecto es letra muerta. El parlamento no lo trató ni lo tratará. Pero fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Ámbito que Javier Milei descarta por completo la posibilidad de incrementar el gasto en Obra Pública: “No pasa solo porque no hay plata, es una concepción de este Gobierno, salvo contadas excepciones las obras las tienen que hacer las provincias”, dijo un funcionario consultado por este medio.
Sobre este punto, anticipó que lejos de avanzar en una suba del gasto o la inversión, el Gobierno aprovechará el margen fiscal que se vaya obteniendo para bajar impuestos. “Cuando se haga la canción de Milei lo hizo, no se mencionarán rutas ni puentes”, bromeó el funcionario con despacho en Balcarce 50.
El reclamo de las pymes
“Venimos del peor año de la historia del sector, está todo tan roto que lo que viene indefectiblemente tiene que ser bueno”, dijo a Ámbito Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción que mide el INDEC registró en noviembre pasado una caída del 23,6% interanual, pero en el sector advierten que el indicador se ve distorsionado por el efecto de reactivación que genera Vaca Muerta. Señalan que en el resto del país las caídas son más profundas.
Empresarios de distintos ámbitos exigen a la Nación que se mantengan en condiciones las rutas.
Empresarios de distintos ámbitos exigen a la Nación que se mantengan en condiciones las rutas.
“Las rutas están destrozadas, la infraestructura está saturada, alguien se va a tener que hacer cargo de esta situación”, señaló Fernández. Muchos empresarios de la construcción creen que las provincias, con mayor recaudación este año electoral, tomarán la posta que deja vacante Nación.
El principal pedido de las pymes constructoras hoy pasa por las obras iniciadas durante la gestión anterior. Muchas de ellas cuentan con avance superior al 80%. Ya no piden ni siquiera que se vuelquen los recursos necesarios para terminarlas. Lo que quieren es que se tome una definición y se rescindan los contratos si fuera necesario porque mientras tanto, siguen cargando con costos como los seguros y la seguridad.
(ambito.com)
