Javier Milei en medio de la negociación por la Ley Ómnibus, replicó las viejas prácticas de la casta política, utilizó los adelantos transitorios de la nación (ATN) para facilitar el apoyo político del gobernador de Corrientes a la ley en cuestión. Todo esto en un contexto en el que las transferencias discrecionales a las provincias se habían bajado prácticamente a cero, sumado a que la erogación estaba destinada a abonar la transmisión del carnaval correntino.
Mientras que el presidente iniciaba su cruzada contra los gobernadores e intentaba instalar una nueva grieta, puso en foco un supuesto apoyo del gobierno provincial de Córdoba al festival del Cosquín Rock, criticando fuertemente al gobernador Martín Llaryora. Ya que para el primer mandatario los gobiernos provinciales no deben invertir en eventos culturales.
Dichas críticas quedaron sin sustento en el momento en el que uno de los organizadores le aclaró al presidente por medio de la red social “X”, que el festival no recibía subsidios del estado provincial, sino que se sostenía por los sponsors privados y de las ventas de entradas.
Más allá de esto, hace unos días se reveló que el gobierno nacional le giró a Corrientes 1000 millones para la televisación del carnaval que protagonizó Lourdes Sánchez, yendo en contra de dos de sus máximas: bajar las transferencias discrecionales y la de no financiar desde el sector público a los eventos culturales.
Por último, hay que considerar que los festivales en las provincias dinamizan la economía y el turismo, por lo que la inversión del estado provincial en ellas implica un impacto positivo en los sectores gastronómicos, hoteleros y comerciales.