El Gobierno firmó un acuerdo con dos grupos de acreedores que seguían litigando en Estados Unidos por deuda en default y lo enviará al Congreso para su aprobación, con el objetivo de cerrar un conflicto que lleva más de dos décadas.
Los reclamos involucraban unos US$ 600 millones, liderados por fondos como Attestor y Bainbridge, aunque el monto a pagar sería menor tras embargos previos por más de US$ 300 millones sobre activos argentinos.
El entendimiento permitiría suspender las causas en la Justicia de Nueva York y frenar nuevos intentos de embargo sobre bienes del Estado, como acciones de empresas públicas.
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